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En diciembre del año 2008, la empresa Navantia tenía el compromiso de entregar a la Armada el LHD Juan Carlos I, futuro buque insignia de la flota. Es a fecha de hoy que los continuos retrasos en la construcción no han culminado con la finalización del buque y su traslado a la base de Rota, llevando consigo perjuicios tanto familiares como económicos a gran parte de su dotación. La separación familiar, la incertidumbre a la hora de efectuar traslados escolares y de vivienda, agravan la pérdida de moral de su tripulación. Es de suponer, como en cualquier contrato de esta envergadura, que los retrasos conllevan, o así debería ser, el pago de penalizaciones por parte del contratista. Hay gente que lleva más de un año sin cobrar la indemnización por residencia eventual (IRE) que solo tenía un período de dos años de abono según la legislación actual, o lo podemos interpretar de la siguiente manera: insostenible, resignación, espera, espera y más espera (IRE). Los que pertenecen a las futuras tripas del hermano mayor del Príncipe de Asturias y han agotado el cobro del IRE ya no tienen más derecho, pero tampoco pueden irse porque tienen tiempos que cumplir, y a partir de la entrega del buque están destinados para una cosa y están comisionados para otra, y presuntamente nunca van a cobrar dietas por estar fuera de base dado que van a ajustar la fecha de entrega casi al mismo día que zarpen para el sur. La conclusión es que tendremos que crear una plataforma de familiares de los damnificados (ya que somos un país comprometido, cooperante y humanitario) para la supuesta y presunta dotación de quilla del LHD Juan Carlos I, que en ocasiones está destinada en otras comisionadas, dependiendo de cómo suba o baje la marea. Y mientras tanto, la perjudicada y mencionada anteriormente dotación se solidariza y corren personalmente con los gastos de alojamiento y manutención por estar lejos de sus hogares y familias. Más sangrante es esta situación cuando se repite también en otro buque, el Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) Cantabria que Navantia construye igualmente para la Armada en la bahía de Cádiz. ¿Quién debe pagar los platos rotos de esta mala gestión? A.C.J.N.