El polémico recargo del IBI a las viviendas vacías, aprobado el pasado martes por el pleno, afectará a entre un 1 y un 2% de los propietarios del centro de Ferrol. Son las estimaciones del concejal de Facenda, Ramón Veloso, que ayer rebatía de nuevo las acusaciones de algunos partidos de la oposición, que criticaban el «ánimo recaudatorio» de la medida. Lo hacía con las cifras en la mano. En el centro amplio de Ferrol -la delimitación incluye A Magdalena, pero también zonas colindantes como Canido, la avenida de Vigo y parte de Esteiro- existen 7.196 propietarios, que reúnen un parque de más de 8.000 viviendas. De ellos, un 6% -concretamente, 466- tienen tres o más viviendas. Dentro de ese colectivo, solo una decena de personas concentran 293 casas, o lo que es lo mismo: casi treinta por cabeza.
Ese 6% es el hipotético objetivo de una medida que pretende «sacar al mercado aquellas viviendas totalmente vacías: ni las segundas residencias ni aquellas que están desocupadas temporalmente por razones laborales», aclaró. El casi 95% restante, dueños de una sola vivienda, quedan excluidos.
Pero tampoco serán penalizados todos los que tengan tres o más, porque «algunos estarán ocupados o alquilados», matizó el concejal. Así que se trata de un «volumen de propietarios ridículo» el que será gravado con un recargo en la llamada contribución.
Una media de 175 euros
El edil señaló además que el promedio de los recibos ferrolanos en el centro por el IBI es de 175 euros, lo que el gravamen les supondría unos 87 euros más en el recibo «en un número de pisos pequeñísimo». Por barrios, el de Esteiro es de los que más pagan, por encima de los 300 euros, mientras zonas como Catabois o Caranza abonan la contribución más barata de la zona urbana. «No se puede decir que el Concello quiera recaudar, sino intentar que el capital físico de Ferrol no se deteriore». Y poner freno, de paso, a la especulación.
La aplicación del 50% de incremento en el IBI a las viviendas vacías, contemplado por la Lei de Facendas Locais del 2004, se incluirá de forma explícita en las ordenanzas fiscales de Ferrol del 2010, pero su aplicación no será inmediata.
El Partido Popular exponía en el pleno las dificultades con que se encontrará, recogidas en un informe técnico municipal, entre ellas la principal: la definición de qué se considera por vivienda desocupada.
La cuestión está en el Parlamento y antes de llevarla a la práctica «deberá ser definida por el legislador».
La modificación fue presentada como alegación a las ordenanzas fiscales por Izquierda Unida, y aceptadas al contar con los votos de esa formación y la del gobierno, el PSOE. Partido Popular, Independientes por Ferrol y BNG lo rechazaron, empatando una votación que deshizo el voto de calidad del alcalde.