Toda la autovía a Vilalba la financiará la Xunta, salvo el tramo final a Vilalba, que le corresponde al Gobierno central, en virtud de un protocolo de colaboración firmado en diciembre del 2002 entre el entonces ministro de Fomento, Jesús Álvarez Cascos, y el ex presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Entonces, Fomento se comprometió a abonar esos 40,9 millones, pero el acuerdo quedó en papel mojado con el cambio de Gobierno en Madrid. Magdalena Álvarez apeló a que el tramo correspondía a un autovía de titularidad autonómica y que, por tanto, el dinero para construir esa obra también debería salir de las arcas de la Xunta. En febrero del 2005, presionado por un acuerdo parlamentario, el Gobierno socialista aceptó pagar el tramo, pero no con fondos de Fomento, sino de Industria, es decir, del Plan del Carbón. A instancias del BNG, el Congreso instó entonces al Ejecutivo a cumplir su promesa con la autovía.