Presenta un contencioso para anular la exigencia del Ayuntamiento ante Hacienda El proceso entre ministerio y administración local puede ahora demorarse varios años
07 may 2005 . Actualizado a las 07:00 h.Guerra abierta entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Ferrol. El departamento de José Bono, a través de la abogacía del Estado, acaba de interponer un recurso contencioso-administrativo en el juzgado de Ferrol para evitar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del astillero de la ciudad. El tributo que se reclama es el del 2002 y asciende a algo más de 330.000 euros, apenas 55 millones de pesetas (el ministerio maneja un presupuesto de 8.186 millones de euros). A finales de enero, el Ayuntamiento de Ferrol había reclamado a Hacienda una compensación de oficio por esa deuda del ministerio castrense con la administración local, una fórmula que consiste en que se retengan fondos económicos -subvenciones, ayudas, partidas presupuestarias- a Defensa para que sean abonados directamente en las arcas municipales. Esperaba el gobierno local una respuesta a esa petición cuando a finales de abril se encontró con la citación de parte del abogado del Estado para que la justicia determine si ese acto administrativo -la petición de compensación de fondos- ha de avanzar o quedar anulado. En caso de admitir la petición del Concello, permitiría que de forma automática, con resolución judicial, el Ayuntamiento ingresara esos 330.000 euros. Al contrario, si se acepta el contencioso del Ministerio de Defensa, se detendría temporalmente todo el proceso quie sigue la administración local, se abriría la vista y habría que esperar a la sentencia. Podría demorarse años. Defensa presentó el recurso ante los juzgados en el límite del plazo concedido. En su escrito, el departamento castrense considera que «no se ajusta a Derecho» la petición formulada por el Ayuntamiento para que se retengan esos fondos al ministerio. Esa notificación llegó el 26 de abril al Ayuntamiento, donde ya se ha designado a un abogado para que lleve el caso. «Es un nuevo ejemplo de agravio a esta ciudad, Defensa nos presenta un contencioso cuando nosotros hemos querido negociar con ellos a través del alcalde y el ministro, pero se han negado», apunta el concelleiro de Facenda, José Manuel Rey Varela. Hasta que se resuelva ese contencioso, el Ayuntamiento no podrá realizar ninguna otra acción. Dentro de la estrategia planteada por la coalición PP-IF, el siguiente paso para cobrar ese IBI pasaba por el anuncio de embargo de un bien de Defensa, como algún inmueble de los que posee en la ciudad. Este proceso judicial es, por ahora, el último capítulo de una novela de desencuentros entre Defensa y el gobierno municipal tras el cambio en La Moncloa de marzo del 2004. Antes, en julio del 2003, el alcalde, Juan Juncal, y su socio de gobierno, Juan Fernández, habían anunciado de forma pública un acuerdo para que el ministerio pagase el IBI de Izar, acuerdo que nunca se firmó.