?a CIG asegura que, en 1994, el Puerto suscribió con el astillero ferrolano un acuerdo por el que los buques en reparación quedaban exentos del abono de tasas. Este convenio -incluido en el pliego de condiciones del plan de ocupación de aguas de la factoría- se renovó posteriormente cada tres años y en la última ocasión en la que se firmó fue el 1 de octubre del 2003. Pero la entrada en vigor de la Ley de Régimen Económico de los Puertos -que obliga a los armadores al pago de un canon cuando reparan los barcos en los astilleros- dejó en suspenso este acuerdo. La Autoridad Portuaria ha insistido en los últimos días en que ya ha solicitado a Puertos del Estado que elimine o, cuando menos, rebaje ese canon, la CIG afirma que la propia normativa contempla la libertad tarifaria. Al mismo tiempo que reclamó que se mantenga el convenio con el astillero, Grandal recordó que la compañía naval pública abona cada año a la Autoridad Portuaria ferrolana 150.000 euros por el uso del terreno de costa. El diputado del BNG Francisco Rodríguez presentó ayer una iniciativa parlamentaria para demandar al Gobierno a que rebaje las tarifas en el puerto ferrolano porque «tienen una incidencia muy negativa en la consecución de contratos para Navantia». Asegura que «si se va a ejemplos concretos ser verá la desmesura de los precios» y explica que el organismo que preside Ángel del Real «pone un recargo del 100 por cien sobre las toneladas brutas a la entrada y salida en dique, mientras que el puerto de Cádiz no recarga la entrada en dique».