Por segundo año consecutivo, las cuentas de la sociedad Emafesa quedan suspendidas. Ese desencuentro económico no es el único que han repetido Concello y Urbaser en los últimos doce meses por cuenta de la empresa del agua, una sociedad que se constituyó en 1999 y que ya entonces nació con cierta controversia, por cuanto dos de las cinco empresas que se presentaron alegaron la existencia de irregularidades. En junio del 2004, el gobierno PP-IF tumbaba en consejo de administración las cuentas del 2003. Apenas dos meses después, en agosto, reclamaba a Urbaser la devolución de 78.000 euros que le adeudaba. La tensión entre una y otra entidad siguió creciendo hasta que a finales de ese año el Ayuntamiento revocaba al entonces gerente, Luis Fernández, que fue sustituido por Alejandro Pisa. Al poco de aterrizar este ingeniero a su nuevo puesto topó de nuevo con la coalición PP-IF: en sesión plenaria se exigía a Urbaser el abono de 10 millones de euros en concepto de canon, una cantidad que quedó fijada en el concurso público de 1999 y que la firma privada se negaba ahora a asumir. Y queda un último fleco: una auditoría de cuentas que solicitó el Concello.