Testimonio | Antonio Pérez Un jubilado de Endesa se compró hace diez años en Cabanas la casa que siempre soñó; la orden de derribo ha sumido a su familia en procesos depresivos, de estrés y de ansiedad
10 mar 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Tres hijos y un empleo como técnico electricista en Endesa. Estas eran las posesiones de Antonio Pérez, hasta que en 1994 decidió invertir sus ahorros y comprarse un pisito en Cabanas, el lugar en el que siempre quiso vivir cuando se jubilase. Le costó 60.000 euros, que aún acabará de pagar a finales de este año. Todo perfecto, si no fuese porque su casa adorada es completamente ilegal y tarde o temprano deberá ser derribada por el Ayuntamiento, por los mismos gobernantes que a principios de los años 90 otorgaron una licencia de obra que ha sido anulada por el Tribunal Supremo. Resulta que su piso, un cuarto del edificio O Penso, incumple las normas urbanísticas, que sólo permiten en esa zona bajo, dos alturas y un bajo cubierta para uso exclusivo como trastero. Antonio aclara que cuando compró la vivienda se aseguró de que el inmueble era legal y de que no pesaba sobre él ninguna carga fiscal. Desde que en 1995 (al año siguiente de la compra) se enteraron por la prensa de que el edificio estaba en el punto de mira de la justicia, la familia Pérez García ha vivido con una intranquilidad eterna. Consecuencias: Cristina, la hija de Antonio y de Teresa, trata de superar una depresión. «Le digo al psiquiatra: me van a quitar la casa», asegura. Teresa, por su parte, vive en un permanente estado de estrés; y Antonio, necesita tomar pastillas para dormir. «Es que no tenemos nada, estamos con un pie aquí y otro en la calle», dice el jubilado de Endesa, consciente como es de que el proceso de derribo no tiene vuelta de hoja. Y eso que la alcaldesa, Modesta Anca, «siempre me dijo que no tiraría nada». La familia Pérez García no se ha preparado para el futuro. Ni siquiera pueden comprar otra casa porque no tienen dinero, según dicen. De lo único de lo que sí están seguros es de que «de aquí no nos movemos hasta que me paguen o me den otro piso», subraya Antonio Pérez. En eso están de acuerdo los demás vecinos afectados (son en total doce viviendas): no desalojarán ni cuando aparezcan las máquinas para demoler a no ser que tengan asegurado el dinero que les corresponde por la indemnización. Antonio ha puesto todo el asunto en manos de un abogado, que velará por sus intereses cuando se acerque el momento del derribo. Con ese dinero, que Antonio desea que se corresponda con el valor actual del piso (que en diez años se ha podido triplicar), la familia se podrá comprar otra vivienda. Pese a todo, el patriarca quiere seguir residiendo en Cabanas. «Con 69 años a dónde voy a ir», se pregunta. Cristina no lo tiene tan claro, después de todo lo que ha tenido que superar.