Nada más acceder al gobierno, en junio del 2003, la coalición poselectoral que integran Partido Popular (PP) e Independientes por Ferrol (IF) anunció que situaría el saneamiento económico de las maltrechas arcas locales a la cabeza de sus prioridades. No en vano, a día de hoy, el Ayuntamiento arrastra una deuda global superior a 20 millones de euros, cantidad que bastaría para construir tres estacionamientos subterráneos similares al de la plaza de España, actualmente en fase de obras. Primeramente, el área de Hacienda introdujo en el catálogo de empleos de la administración local el de recaudador, y contrató para ocupar esa plaza a María Jesús Vila Bocija, a quien dotó de funciones ejecutivas tan relevantes como el dictado de embargos. A los pocos días, remitió a 19.000 ciudadanos sendas cartas informativas de las cantidades que adeudaban al Concello por impago de tasas e impuestos. Además, anunció que impondría recargos del 20% a todos los morosos. La reciente notificación de 874 providencias de constreñimiento constituye un paso más allá en la optimización de las herramientas recaudatorias. Merced a todas estas medidas, el gobierno pretende ingresar por tibutos durante este año unos 33,9 millones, frente a los 27 del 2002. En el ámbito de la planificación se aprecia la misma filosofía. En diciembre, PP e IF aprobaron un presupuesto para el 2004 caracterizado por la contención del gasto, un 10,2% inferior al del 2003.