?l juzgado número 4 admitió a trámite el pasado viernes el expediente de solicitud de suspensión de pagos. La empresa argumenta que los servicios impagados por parte de Indunor y Astafersa, además de la caída en la carga de trabajo en los astilleros públicos -su principal cliente- han desencadenado la crisis económica. En la documentación presentada en el juzgado consta que la compañía, con sede en el polígono de A Gándara, presenta unos activos de 5,6 millones de euros frente a unos pasivos de 4,3 millones. Su facturación del pasado ejercicio rondó los siete millones de euros y su patrimonio está valorado en 1,5. También han sido nombrados tres interventores que, en el plazo de dos meses, tendrán que elevar un informe al juez de la situación económica y de las posibles causas que motivaron la suspensión.