El Constitucional analizará por primera vez si es ilegal que el Gobierno no presente Presupuestos
ESPAÑA
La corte admite a trámite el conflicto entre órganos promovido por el PP en el Senado frente a la negativa de Sánchez de entregar un proyecto al Parlamento
24 feb 2026 . Actualizado a las 20:05 h.El Tribunal Constitucional, en una decisión inédita en su historia, ha decidido estudiar si el Gobierno está incumpliendo la Carta Magna al no cumplir su deber constitucional de presentar al Parlamento un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios del 2024, el 2025 y el 2026. La corte de garantías anunció este martes que admite a trámite el «conflicto entre órganos constitucionales» promovido por el Senado, de mayoría popular, frente al Gobierno. El tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido aclaró que no solo entrará a analizar la no presentación del proyecto de cuentas durante los últimos tres años, sino que también examinará la legalidad del «uso que viene haciéndose de las prórrogas presupuestarias durante los años 2024, el 2025 y, en su caso, el 2026, sin que sean aprobados nuevos Presupuestos».
La mayoría absoluta del PP en el Senado impulsó ese choque entre órganos constitucionales al considerar que la Cámara Alta «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, «que tiene un deber constitucional de presupuestar». «Es la primera vez que se plantea ante el Tribunal Constitucional el estudio de un conflicto entre órganos constitucionales por una omisión del Gobierno en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos», recordó en una nota informativa la propia corte.
Fue el pasado octubre cuando el Senado aprobó llevar ante el Constitucional al Ejecutivo por no presentar sus cuentas. En el texto del conflicto de atribuciones, el PP apuntaba que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, «que tiene un deber constitucional de presupuestar».
Del mismo modo, los populares advertían de que no pueden «admitir» la «práctica fraudulenta» de modificación presupuestaria «al margen del Parlamento» como consecuencia de la falta de Presupuestos, porque consideran que es «contraria al principio de legalidad presupuestaria».
«La situación actual, que se va a reproducir en el 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año», exponía el PP.
Sin «justificación posible»
En este sentido, señalaba el Senado que actualmente «no existe justificación posible» para no presentar los Presupuestos, «salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos».
«Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria», rezaba el texto.
Por todo ello, el Senado solicitaba al Tribunal Constitucional que declarara que el Gobierno «ha vulnerado la atribución constitucional» del Senado para participar de la aprobación de los PGE, así como para modificarlos y para controlar la acción del Gobierno por «no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria».