La UE reclama a España que agilice sus investigaciones de casos de corrupción
ESPAÑA
Ve un aumento de la percepción de este tipo de delitos en el último lustro
08 jul 2025 . Actualizado a las 22:23 h.En plena crisis en España por el estallido del caso Cerdán, la Comisión Europea alerta en su informe anual sobre el Estado de Derecho en la UE del «alto riesgo de corrupción» presente en «la contratación pública, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos».
Aunque reconoce los avances en la tramitación de casos de corrupción de alto nivel, Bruselas insta al gobierno español a «redoblar los esfuerzos» para evitar la «eternización» de las investigaciones y le reprocha no haber «empezado a trabajar en la estrategia nacional anticorrupción prevista por ley para septiembre del 2024».
Ya en el informe del año pasado se incluyó este asunto, pero en este se apunta que el 40 % de las empresas estatales encuestadas piensan que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones en los últimos años, frente a una media del 25 % en la UE.
Preguntado este martes durante la presentación del informe por los casos de corrupción que rodean a Sánchez, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, evitó entrar en «casos individuales» y reiteró que España está «obligada por ley a adoptar una estrategia de prevención contra la corrupción». El documento sí hace una mención indirecta a José Luis Ábalos, «un exministro y diputado imputado» en un «presunto caso de corrupción relacionado con la pandemia de covid-19».
El informe de la Comisión también recoge el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, que sitúa a España en el puesto 16º de la UE y apunta que «expertos, ciudadanos y empresas creen que el nivel de corrupción en el sector público es relativamente alto», una percepción que ha «aumentado significativamente en los últimos cinco años».
El Ejecutivo de la UE reconoce avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en el campo de la independencia de la Fiscalía, pero reclama que se continúen «los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno».
En cuanto a la Ley de Amnistía, el informe se limita a tomar nota de que la norma ha sido avalada por el Tribunal Constitucional y recuerda que están pendientes las cuatro solicitudes de decisión prejudicial presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fuentes del Ministerio de Justicia «celebraron» las conclusiones afirmando que «echan por tierra las mentiras que se han repetido para frenar la mayor transformación de la justicia en décadas». La número dos del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, consideró «demoledor» el informe.