El Supremo dice que García Ortiz filtro los datos por «indicaciones» del Gobierno

Gonzalo Bareño. MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. LEO REDONDO / EFE

El magistrado Ángel Hurtado le procesa por difundir un correo del novio de Díaz Ayuso

10 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado tomó este lunes la decisión de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por filtrar, supuestamente, un correo que contenía datos de la investigación que se sigue contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal, en el que el abogado del acusado reconocía la comisión de dos delitos. Hurtado procesa también por los mismos hechos a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El juez da 10 días a la defensa y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento.

Tras su investigación, el juez del Supremo concluye en su escrito que existen indicios suficientes para llevar a ambos a juicio. Ya al comienzo de su auto, hace referencia al «el frenético intercambio de comunicaciones» entre fiscales por medio de WhatsApp después de que el diario El Mundo publicara que era la Fiscalía la que proponía un acuerdo a González Amador para librarse de la cárcel. Y, según el relato del juez, la reacción del fiscal general fue recabar del fiscal Julián Salto toda la información que probaba que había sido González Amador el que había propuesto el pacto, y no la Fiscalía. La intención de García Ortiz, que consta en uno de los mensajes intervenidos, era la de «ganar el relato» sobre el asunto. Y Hurtado señala además que lo hizo «a raíz de indicaciones de Presidencia del Gobierno». 

Al correo particular

El juez instructor señala que «la finalidad de solicitar la remisión de dichos correos a Salto era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico de Álvaro García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular, según él mismo le había indicado», para desde allí «acabar facilitándolo a un medio, como la cadena Ser, para que le diera publicidad», siendo consciente de que revelaría «el confidencial contenido de ese correo».

El juez considera también que fue la Fiscalía General del Estado la que envió el correo electrónico del abogado de Amador a Pilar Sánchez Acera, que en esa época actuaba como jefa de gabinete de Óscar López, hoy ministro de Transformación Digital y entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una vez con el correo en su poder, Sánchez Acera, que asegura que ella lo obtuvo a través de periodistas y no de la Fiscalía, lo habría reenviado al exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para que este lo utilizara contra Díaz Ayuso en la sesión de control al Gobierno regional.

«Cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico», sostiene el juez, que se refiere también al hecho de que García Ortiz borró sus mensajes de WhatsApp y su cuenta de Google el mismo día en que conoció su imputación. El instructor añade que lo hizo con la intención de poner un «obstáculo en contra de una ágil investigación».