El exjefe etarra Ata niega cuatro atentados en el 2002 porque entonces hacía «vida normal»

Los etarras Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, exjefe del aparato militar de ETA, y su compañera Itxaso Zaldúa, Sahatsa, negaron este lunes en un juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que tuvieran algo que ver con la comisión de cuatro atentados en el 2002, que se atribuyen al comando Basajaun. Ambos se enfrentan a hasta 167 años de cárcel por delitos de estragos terroristas, lesiones, robo de vehículo y falsedad en documento público. La Fiscalía y los investigadores policiales les señalan por la organización de estos ataques. D

Dejando atrás la práctica habitual de otros etarras que se niegan a participar en los juicios por no reconocer a la autoridad judicial, tanto Ata como Sahatsa sí prestaron declaración este lunes. El primero, solo a su letrada, mientras que la segunda también a la Fiscalía y a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular. La línea de defensa, en todo caso, se centró en rebatir la tesis acusatoria, según la cual ordenaron la explosión de un coche bomba en la Universidad de Navarra, otro contra el Corte Inglés de Zaragoza y otros dos más contra las sedes de las empresas Uvesa y Ultracongelados Virto, todos el mismo año y estos últimos como represalia por no pagar el llamado impuesto revolucionario de ETA para financiar sus acciones criminales. Las fechas cobran así una relevancia trascendental en este juicio.

La defensa de Zaldúa, por ejemplo, se centró en acreditar que, en contra de lo que dice la acusación, ella no huyó de Hernani en el año 2003 y pasó a la clandestinidad en Francia como consecuencia de las investigaciones por aquellas acciones terroristas, mostrando a la sala fotografías familiares y citas médicas que apoyarían su inocencia. En cuanto a Carrera Sarobe, compareció tras la mampara de seguridad de la sala de vistas -está en prisión tras su detención en Francia en mayo de 2010- y subrayó que no intervino en esos atentados, aunque formase parte del comando Basajaun al que, de acuerdo a su declaración, no estaba adscrita Zaldúa. Según dijo, en el 2002 vivía en Navarra y hacía «vida normal» y en ningún caso organizó los ataques. Sobre si intercambió información con la dirección de la banda, dejó claro que «jamás» realizó comunicaciones de su «puño y letra».

Cabe reseñar que Ata ya fue condenado a 30 años de cárcel recientemente, en septiembre de 2023, por la Audiencia Nacional por el asesinato del expresidente del Partido Popular en Aragón Manuel Giménez Abad en mayo del 2001. En ese procedimiento fue absuelta Sahatsa por falta de pruebas, aunque entonces ya se dio por hecho que Carrera Sarobe ya estaba inmerso en el comando plenamente operativo.

«Todas las armas me quedaban grandes»

Sahatsa, por su parte, reconoció que estuvo integrada en ETA como militante desde el 2004, aunque negó que perteneciese al grupo Basajaun. También aseguró que nunca realizó acciones armadas, y que su función consistía en realizar envíos por correo y, posteriormente, encargarse de un almacén de explosivos y armas.

La propia Zaldúa relató que la organización le «dio un cursillo de cómo manejar el explosivo, cómo tocarlo y qué era cada cosa». ETA también le entrenó en el «manejo de pistola», una formación que «fue un desastre» porque, según explicó, todas las armas le quedaban grandes. «Me dieron una pequeña porque no había manera de manejarla», añadió.

En el escrito de acusación, la fiscal Ángela Gómez recordó que el atentado perpetrado contra la Universidad de Navarra produjo daños en el edificio central de la misma y en uno de los colegios mayores que se ubica en el interior del campus, el Belagua, tras hacer explosión el artefacto que el comando colocó en un Ford Escort que robaron previamente.

El fiscal sostiene que los etarras «efectuaron llamada de aviso de la colocación del artefacto y de su inminente explosión en nombre de la organización terrorista ETA» y que desarrollaron esta acción «a sabiendas de que con ello se ponía en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas que pudieran encontrarse en su radio de acción». De hecho, hubo dos heridos, uno de ellos agente de Policía Nacional.

En el caso de El Corte Inglés de Zaragoza, la fiscal indicó que la explosión fue tan grande que «ocasionó un cráter de dimensiones aproximadas de cinco por siete metros de diámetro», dado que el artefacto contenía entre 70 y 80 kilogramos de explosivo. Explicó que, al igual que ocurrió en la otra ocasión, se hicieron varias llamadas en nombre de la organización terrorista avisando de la colocación del vehículo, si bien no se especificó «su concreta ubicación ni la hora prevista para su activación».

Recordó que, además de varios heridos, la explosión produjo «importantes desperfectos materiales» en el centro comercial, tanto en la zona de aparcamiento, como de accesos y otras dependencias, y la reparación exigió un desembolso de 4,7 millones de euros.

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