El Gobierno ve margen para cumplir el calendario a pesar del delicado equilibrio de fuerzas tras la investidura de Illa
18 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Resuelta la gobernabilidad en Cataluña, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2025 es la asignatura pendiente del Gobierno este año y el salvavidas de Pedro Sánchez. El devenir del nuevo curso político sigue estando sujeto, y eso no lo ha cambiado la investidura de Salvador Illa, a la voluntad de los siete escaños de Junts en el Congreso de los Diputados. Y el presidente del Gobierno es consciente de que sin unas nuevas cuentas públicas tiene complicado seguir adelante.
Los Presupuestos son la razón de ser de la legislatura. No solo porque el Partido Popular y la hemeroteca hayan devuelto como un bumerán que «un Gobierno sin presupuestos no puede hacer nada», tal y como el propio Sánchez repetía en el 2018 a Mariano Rajoy cuando era jefe de la oposición para que convocase elecciones. Sino porque más allá de la amnistía pactada con las formaciones independentistas, muchos de los acuerdos comprometidos con el resto de socios —Sumar, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria— tienen que desplegarse bajo el paraguas de unas cuentas públicas.
En lo que llevamos de año han sido tres las ocasiones que el Congreso examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. Las dos primeras, relativos a los Presupuestos del 2024, que quedaron en papel mojado después de que el Gobierno renunciase a ellos por el adelanto electoral en Cataluña. Y la tercera y más dolorosa, en el último pleno de julio, cuando Sánchez volvió a darse de bruces con la realidad parlamentaria que dejaron las elecciones del 23J y los postconvergentes volviesen a evidenciar la fragilidad del Ejecutivo. Lo hizo en medio de las negociaciones entre socialistas y republicanos catalanes, tumbando en la Cámara Baja la senda de estabilidad presupuestaria, el paso imprescindible para la tramitación del proyecto de ley. Las consecuencias de este órdago no son irreversibles y no tienen por qué impedir la tramitación de las cuentas públicas del 2025. Pero sí complica su elaboración y pone trabas a que puedan ser presentadas en tiempo y forma y entren en vigor el 1 de enero.
En su balance del curso político el 31 de julio, Sánchez confió en poder presentar los Presupuestos en «septiembre u octubre» y aprobarlos «en el segundo semestre del año». Una aspiración que augura un otoño con todas las energías gubernamentales concentradas en cumplir este fin.
Con las metas de déficit y deuda en la casilla de salida, el Ejecutivo tiene ahora dos opciones: presentar unos nuevos objetivos a nueva senda fiscal o elaborar las cuentas con una senda desfasada, la del 2023, que es la última aprobada. Estos son los que se enviaron a Bruselas y resultan más exigentes para las comunidades y los ayuntamientos, la mayoría en manos del PP, que tendrán que apretarse el cinturón.
Congreso de Junts
A este contexto ya enrevesado antes del parón estival se sumará el cónclave nacional de Junts a finales de octubre. La formación decidió el lunes adelantar la fecha prevista para el 2026 con el objetivo de redefinir su estrategia política y relanzarse como «alternativa» al nuevo Govern socialista de la Generalitat. Una cita que puede cruzarse en el calendario de tramitación de los presupuestos del Gobierno central, añadiendo más incertidumbre a las negociaciones y elevando el precio del apoyo de los independentistas a Sánchez en el debate de enmiendas a la totalidad. Sin desvelar detalles sobre si Carles Puigdemont retomará el liderazgo de la formación o asumirá alguna función tras el Congreso, el secretario general Jordi Turull ya ha dejado claro que el expresidente catalán tendrá un «papel muy activo».
Esta misma semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, restaba importancia a cómo la reaparición y posterior huida del líder de Junts podría afectar a la relación entre su partido y el Ejecutivo en Madrid. «No creo que cambie el panorama que hemos vivido en los últimos diez meses», vaticinó esta semana en RNE, confiando en que los herederos de la extinta Convergencia seguirán apoyando al Gobierno «en función de sus intereses».
Más allá de las implicaciones puramente políticas, los compromisos internacionales son otro elemento más de presión a tener en cuenta. Su alumbramiento será bajo las exigencias de las nuevas reglas fiscales europeas, que regresan tras la pandemia con el foco puesto en la contención del gasto, la reducción de la deuda y el regreso de las sanciones a los países incumplidores.
De salir adelante, los primeros Presupuestos de la legislatura darán oxígeno a Sánchez y garantías de continuidad. Pero el Gobierno solo se lanzará si tiene certeza de que ninguno de sus socios parlamentarios, y en especial Junts, le plantea una enmienda de devolución que, sumada a las seguras del PP y Vox, impediría seguir adelante con los Presupuestos y pondría en jaque al Ejecutivo.
En el peor de los escenarios, Sánchez se vería obligado a mantener la prórroga y daría argumentos al PP para elevar la presión alegando que la legislatura está en coma. En ese caso ganaría enteros la posibilidad de una moción de censura, como ya ha venido planteando la formación de Alberto Núñez Feijoo en los últimos meses pero que, inevitablemente, también requiere del apoyo de Junts para prosperar.
El PP no concede tregua a «un Gobierno en vacaciones»
Para el PP no existe posibilidad alguna de treguas en su labor de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. A lo largo de los meses estivales de julio y agosto los populares se han desdoblado para lanzar un mensaje: «Mientras todos los miembros del Gobierno se van de vacaciones, nosotros seguimos trabajando por los españoles». Los principales dirigentes del PP han dado ruedas de prensa diarias desde el inicio del período convencional.
Cuca Gamarra, Miguel Tellado, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Alicia García o Carmen Fúnez son algunos de los altos cargos del partido a nivel nacional que día tras día han atendido a los medios para censurar la labor del Gobierno. Solo Alberto Núñez Feijoo ha permanecido alejado de la agenda pública a causa de una intervención por un desprendimiento de retina de la que recibió el alta este pasado miércoles.
Actividad en el Senado
La ofensiva se ha mantenido también en el Senado, en el que los de Feijoo cuentan con mayoría absoluta y, donde a diferencia del Congreso, se ha mantenido la actividad parlamentaria. El pasado miércoles el grupo popular en la Cámara Alta ya obligó a comparecer al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para dar explicaciones sobre la posición de España por el supuesto fraude en las elecciones venezolanas. Este viernes, se solicitó además que el titular de Transportes, Óscar Puente, dé explicaciones urgentes y en este mismo de agosto sobre «los reiterados retrasos y múltiples incidencias en la red ferroviaria española» y «los resultados de la auditoría que efectuó en su ministerio sobre los posibles casos de corrupción».
El plan del PP para erosionar al presidente del Gobierno y al Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar se recrudecerá en septiembre. Para entonces Feijoo ya ha anunciado la convocatoria de una reunión de los trece presidentes autonómicos del PP para plantear un frente común a la financiación singular para Cataluña y la presentación de mociones en ayuntamientos, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos contra el pacto entre PSOE y ERC para que los barones críticos con Pedro Sánchez se pronuncien en público.
Los populares se guardan el as en la manga para elegir la fecha en la que deberá comparecer Sánchez en la comisión que investiga la trama Koldo y los delitos de supuesta corrupción por los que se investiga tanto a su esposa, Begoña Gómez, como a su hermano, David Sánchez.