Sánchez rebajará la malversación para desmontar las condenas por el «procés»

María Eugenia Alonso / Cristian Reino MADRID, BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López Chema Moya | EFE

La reforma legal beneficiará a cerca de 40 dirigentes independentistas catalanes

10 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Esquerra comenzó este viernes a despejar el camino para que su líder, Oriol Junqueras, pueda presentarse a las elecciones catalanas del 2025. La formación separatista registró en el Congreso una enmienda con la que busca que la reforma del Código Penal que derogará el delito de sedición también alcance a la malversación distinguiendo entre quien se queda el dinero para su uso y disfrute y quien lo destina a otra finalidad. Un cambio legal que, de salir adelante, podría dejar sin contenido las condenas de los cabecillas del procés y acelerar la vuelta a la primera línea política del exvicepesidente de la Generalitat. 

La propuesta de ERC plantea rebajar a entre seis meses y tres años de prisión y a entre uno y cuatro años de inhabilitación las penas para los funcionarios que desvíen fondos pero lo hagan «sin ánimo de apropiárselos». Actualmente, el Código Penal establece penas de entre dos y seis años de cárcel y una inhabilitación especial para cargo o empleo público y para presentarse a las elecciones por un tiempo de entre seis y diez años. El texto propone eliminar también de este tipo de malversación sin lucro el agravante —que supone aplicar penas de prisión de hasta ocho años y hasta veinte años de inhabilitación— de que el patrimonio público malversado sea superior a 250.000 euros. Se trata, sostienen en la formación secesionista, de deshacer la reforma ejecutada en el 2015 por el PP de Mariano Rajoy y eliminar conceptos como los de «apropiación indebida y administración desleal», que consideran que se introdujeron tras la consulta del 9N del 2014 para «perseguir y reprimir el movimiento independentista». Además de evitar, insisten, en que la reforma legal pueda ser utilizada «para rebajar penas en casos de corrupción».  

Líneas rojas

Tras días de negociaciones intensas y críticas dentro y fuera de los partidos que conforman el Gobierno, el debate ahora se centrará en la letra pequeña. «Vamos a analizar con detenimiento todas las enmiendas», aseguró el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que marcó como líneas rojas que no se produzca «ningún beneficio» a los procesados por corrupción y que se sancione penalmente el uso indebido de fondos públicos.

Cerca de una cuarentena de dirigentes independentistas confían en la reforma del delito de malversación para sacar provecho desde el punto legal y no ir a la cárcel. A la espera de ver que cómo acaba el cambio legal, en función de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, todos los políticos condenados o investigados en relación al referendo ilegal del 1-O verían reducidas sus penas. De entrada, favorecerá a los nacionalistas huidos en Waterloo: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig. Los tres primeros están procesados por sedición y malversación. El exconsejero de Cultura, Puig, lo está por desobediencia y malversación. Con el cambio legal que propone Esquerra, las penas irían de seis meses a tres años, la mitad que ahora. Los dirigentes fugados no serán acusados por sedición, al desaparecer el delito, y las penas por malversación caerían a la mitad.

También se verían favorecidos quienes ya fueron condenados en el juicio del procés. Es el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, cuatro de los nueve cabecillas del 1-O que fueron condenados (y luego indultados parcialmente) por sedición y malversación. El cambio legal les beneficiaría de forma retroactiva: reducción de penas, tanto por malversación como por la desaparición de la sedición, y reducción de la inhabilitación, que tendrá que revisar el Tribunal Supremo. Junqueras podrá presentarse a las elecciones. Igual que Jordi Turull, secretario general de Junts.

 Los que también esperan como agua de mayo la reforma son los dirigentes de la segunda fila del Gobierno catalán en el 2017 aún pendientes de juicio, como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

ERC pide despenalizar las ocupaciones pacíficas como las del 1-O

ERC también quiere suprimir del Código Penal la ocupación de locales, establecimientos u oficinas cuando se ejecuten de forma pacífica, una propuesta que supondría despenalizar cualquier acción similar a la desarrollada el 1 de octubre de 2017 en Cataluña cuando se ocuparon decenas de colegios como sedes de votación del referendo ilegal de autodeterminación.

A mayores de los cambios propuestos para los delitos de sedición y malversación, Esquerra ha presentado otras cuatro enmiendas relativas a los desórdenes públicos contemplados en el artículo 557.

ERC apuesta por suprimir directamente el apartado relativo a «las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios», pues asegura que no producen una afectación de la paz pública y por tanto, estas conductas no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal, según recoge la agencia Efe.

Si esta reclamación fuese incorporada al texto final, ERC evitaría que otro 1-O pudiera ser delito, ya que se ocuparon de forma pacífica centros educativos en Cataluña para habilitarlos como sedes de la votación ilegal, algunos de los cuales tuvieron que ser desalojados a la fuerza por policías y guardias civiles.

La UE incluirá la corrupción entre los ataques a los derechos humanos

La Comisión Europea anunció este viernes que pretende incluir la corrupción como un delito más en el régimen de sanciones que permite a Bruselas castigar los casos de violación de derechos humanos en el extranjero, fuera de las fronteras de los Veintisiete.

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, detalló en un comunicado que el Ejecutivo comunitario formalizará esta propuesta durante el próximo año 2023, iniciativa que tendrá que ser discutida previamente por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, informa Efe.

El enriquecimiento ilícito: el delito que hubiese atrapado a Pujol y a Bárcenas

«La autoridad que durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triple del beneficio obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años».

Esa es la literalidad del nuevo artículo 438 bis del Código Penal planteado por el PSOE y Unidas Podemos (enriquecimiento ilícito de cargos públicos). Un precepto que, de haber existido antes, hubiera acertado de lleno en algunos de los casos de corrupción de cargos públicos más mediáticos de los últimos años. Políticos que no tuvieron que dar cuentas por las fortunas de origen desconocido que amasaron durante sus años de servicio público y que nunca fueron condenados por no haberse podido probar que ese patrimonio provenía del cohecho.

En la Fiscalía Anticorrupción, que lleva desde hace cinco años reclamando en las memorias del Ministerio Público la creación de este ilícito, no faltaban este viernes los ejemplos para ilustrar los beneficios que reportará la tipificación de este nuevo delito. Jordi Pujol, Carlos Fabra, Francisco Granados, Luis Bárcenas o Luis Andrés García hubiesen sido atrapados con este ilícito sobre la mesa.

La tipificación de este delito, que ya está recogido en códigos penales de países como Francia, Luxemburgo, Portugal o Lituania, viene siendo reclamada de manera insistente desde hace casi veinte años por la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, que siempre ha defendido que esta herramienta podría tener un importante efecto disuasorio en los políticos, sabedores de que al final de su carrera pública tendrían que dar cuentas de su patrimonio a riesgo de acabar en la cárcel.