Fernando Grande-Marlaska: «No podemos aceptar que el PP utilice como rehén al Poder Judicial»

Esta entrevista estaba concebida, entre otras cosas, para preguntar a quien es juez, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y ahora ejerce la política por el acuerdo, que parecía inminente, entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de la Magistratura. La suspensión de las negociaciones obliga a cambiar el paso con un Fernando Grande-Marlaska que se afana en defender que este Ejecutivo cumple la ley, sea con los presos de ETA o en la tragedia de la valla de Melilla

­—¿A qué grado de colapso, de deterioro institucional, cree que se asoma el país con la ruptura de las conversaciones para actualizar el Poder Judicial?

—El bloqueo del PP afecta de manera grave al normal funcionamiento institucional de nuestro sistema democrático. Su actitud rebelde conduce a la deslegitimación del Poder Judicial ante el conjunto de la sociedad, que está perpleja al contemplar cómo un partido concreto impide la renovación incumpliendo un tajante mandato constitucional.

—¿Esto ya no tiene arreglo en lo que resta de legislatura?

—Debe tenerlo cuanto antes, es apremiante. El Gobierno y el Grupo Socialista siempre están dispuestos a cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, siempre hemos tendido la mano al PP para alcanzar un acuerdo inmediato. El CGPJ debe ser renovado ya. Y conseguirlo solo depende de la voluntad, de la convicción democrática, del PP.

—¿Merecía la pena arriesgar el acuerdo con Feijoo por el compromiso con ERC de reformar el delito de sedición, que podría exigir tocar otros artículos del Código Penal y, con ello, tiempo de maduración?

—No puedo aceptar esa formulación de la pregunta. Esta es la última de las veinte excusas que ha puesto el PP en estos cuatro años para justificar su decisión de convertir al Poder Judicial en rehén de sus intereses. La ruptura prueba que el problema de fondo es su negativa recalcitrante a permitir la renovación del CGPJ, porque hasta unas horas antes sus dirigentes insistían en público en que esto no guardaba relación con la posible reforma del delito de sedición. El CGPJ puede ser renovado en cuanto el PP quiera, pero me temo que el señor Feijoo y sus colaboradores son incapaces de ejercer el liderazgo necesario. Y, además, no debemos admitir bajo ningún concepto que el PP vincule ahora esos dos asuntos, porque sería tanto como aceptar que utilice como rehén al Poder Judicial para secuestrar a su vez al Poder Legislativo e impedir que ejerza su función primaria: aprobar las normas por las que nos regimos según las agendas legislativas de los grupos parlamentarios en los que se integran los diputados que representan la soberanía nacional. El PP inflige un grave daño a la democracia con su empecinada insumisión constitucional.

—El Gobierno ha acercado a las cárceles vascas a casi la totalidad de los presos de ETA que se encontraban dispersos en otras comunidades. Entre ellos está Arkaitz Goikoetxea, uno de los terroristas que había planeado matarle. Al margen de lo político, ¿supuso algo esa decisión en el terreno personal?

—Este ministro de Interior, como dice, fue objetivo de ETA. Fue juez y aplicó el principio de legalidad como corresponde en el Estado de Derecho, y con él se venció a la organización terrorista. Y ese mismo juez ha seguido aplicando el principio de legalidad siendo ministro. Otros quizá quieren aplicar la excepcionalidad. Pero la ley es algo ineludible, que no se puede ver contaminada por ningún tipo de consideración personal.

—La pregunta iba, más bien, por si usted se imagina cruzándose un día con Goikoetxea por las calles de su ciudad, Bilbao.

—Yo es que no me planteo esas circunstancias. Sí me planteo caminar por mi tierra, por Euskadi, en paz y tranquilidad. Y esa es una realidad desde hace 11 años. A ETA le hicimos frente con el imperio de la ley. A mí lo que me vale es que desde el 20 de octubre de 2011 todos podemos salir de casa sin necesidad de mirar atrás.

—Esta es de sí o no, ministro. ¿Va a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid?

—Yo estoy absolutamente centrado desde hace casi cuatro años y medio en el Ministerio de Interior. Hemos hecho muchas cosas, en materia de personal, de infraestructuras, protección civil...

—Es decir, eso es un no

— Es que hemos hecho y queda mucho por hacer. Se nos identifica con el entorno de seguridad que garantizan las fuerzas y cuerpos de seguridad para que podamos desarrollar nuestros derechos y libertades, pero hay otros entornos a proteger.

¿Si tuviéramos en Cádiz a los 190 presos etarras que hay en España estaríamos cumpliendo le ley? 

Hay una parte de la sociedad y, singularmente, de las víctimas, que interpreta que hemos pasado del paz por presos al presos por Presupuestos.

—¿Está el Gobierno en condiciones de negar que exista una transacción con EH Bildu por sus votos en el Congreso?

—Por supuesto. Trasladamos a los presos porque cumplir las penas lo más cerca posible al entorno social es una obligación y un derecho; artículo 12 de la Ley General Penitenciaria, que parece que nadie lo lee. La dispersión fue una política antiterrorista mientras ETA mataba. Once años después, parece mentira. Cumplir condena en una cárcel en Vitoria o en Granada es lo mismo. Y el control del cumplimiento de las penas no solo es administrativo, sino también judicial. Parece olvidarse que cuando ETA nos amenazaba, nos secuestraba y nos asesinaba, el PP acercó a más de 500 etarras al País Vasco. Lo que estamos haciendo es aplicar la ley, esa es la fortaleza del Estado de Derecho.

—¿Estamos fortaleciendo, al tiempo, las políticas de la memoria? ¿O tenemos es flanco descubierto?

—La confusión es peligrosa, casi capciosa. No me va a decir nadie que yo no aplico la ley. La aplicamos, y no podemos generar en la sociedad otra impresión que esa.

—Ministro, fue Arnaldo Otegi quien relacionó los presos con el apoyo al Gobierno.

—Se da valor a quien se le quiere dar. ¿Si tuviéramos en Cádiz a los 190 presos etarras que quedan, estaríamos cumpliendo la ley? ¿Podríamos sentirnos firmes, en cuanto realmente demócratas y cumplidores de la ley? ¿Sí o no? Y sobre la memoria, este ministro y este Gobierno fueron los que revitalizaron el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, que no se había hecho nada. Ese centro es un referente que está generando memoria y dignidad.

—¿Tienen algún plan con respecto a los arrepentidos?

—Contamos con una unidad específica tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional investigando todos los casos que no han sido esclarecidos de una manera determinante. En los últimos 10 años ha habido más 240 detenciones relacionadas con el entorno de ETA, se han localizado zulos, se han intervenido 325 armas, más de 900 kilos de explosivos, 6.000 detonadores... Y seguimos trabajando de forma denodada. Somos de los países que más delitos terroristas hemos esclarecido. La figura del arrepentido ya existe en el ordenamiento jurídico, quien quiera dar datos que conozca de atentados puede hacerlo.

«La actuación en el salto de la valla de Melilla fue la correcta y adecuada a la ley» 

Se cumplen cuatro meses de la muerte de decenas de inmigrantes en la valla de Melilla.

—¿Puede poner la mano en el fuego por que Marruecos no se excedió en la represión del salto violento?

—Ni puedo ni debo calificar cuál fue la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. Hay investigaciones abiertas en Marruecos y en España, dejemos que se desarrollen. Lo que sí puedo decir es que las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles actuaron en todo momento en parámetros de legalidad, de proporcionalidad y de idoneidad protegiendo las fronteras españolas, que en este caso son las europeas. Lamentamos, con toda intensidad, la muerte de al menos 23 personas y trasladamos nuestra solidaridad a sus familias. Pero lamentamos también que 50 guardias civiles, así como gendarmes marroquíes, sufrieran lesiones de distinta entidad.

—¿Compromete, por tanto, que la actuación de las fuerzas españolas fue la que tuvo que ser?

—Fue la correcta y la adecuada a la legalidad para hacer frente a un ataque violento a nuestras fronteras.

—El Defensor del Pueblo les acusa de haber expulsado aquel día a 470 subsaharianos en caliente, de forma ilegal.

—Los rechazos en frontera se conformaron según los principios de legalidad, mostrando mi total respeto y consideración al trabajo del Defensor del Pueblo.

—¿Se equivoca, entonces, la oficina de Ángel Gabilondo?

—No voy a debatir, porque no corresponde, con el Defensor del Pueblo.

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