La Justicia obliga a la Generalitat a cumplir de inmediato la obligación de impartir el 25 % de las asignaturas en castellano
ESPAÑA
Establece un plazo de quince días para que se haga efectiva la sentencia y establezca las garantías de control necesarias
09 may 2022 . Actualizado a las 19:26 h.Ultimátum de la justicia al Govern catalán. La sala contencioso administrativa del TSJC ha dado 15 días de plazo a la Generalitat para el «cumplimiento» de la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en todos los centros educativos de Cataluña. En concreto, la justicia, después del recurso de una entidad que aboga por el bilingüismo y que exigió la ejecución forzosa del fallo judicial, ha decidido requerir al consejero de Educación de la Generalitat para que, en el plazo máximo de 15 días, «dicte las instrucciones y establezca las garantías de control» para que todos los alumnos reciban de «forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25 % en uno y otro caso».
El TSJC remarca que el uso de los idiomas deberá incluir como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo. Además, la Generalitat deberá informar al tribunal el grado de cumplimiento de la sentencia. El auto judicial se dirige también a la Alta Inspección Educativa «a los efectos de verificar el cumplimiento» del fallo judicial «en el conjunto del sistema educativo de Cataluña» y le requiere para que informe de las medidas adoptadas por el Govern y de la «situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado».
La sentencia reconoce la «libertad» de la Generalitat de Cataluña para «determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular» de las dos lenguas oficiales. «Lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado», afirma el auto. Lo que se condena, avisa la justicia, es una «inactividad en el dictado de normas, instrucciones o actas de aplicación» para determinar el uso vehicular de las dos lenguas oficiales en la enseñanza. «La sentencia se limita a determinar el mínimo constitucionalmente exigible», según el auto judicial. «Lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional», advierte al Govern.
Esta ejecución forzosa deriva de la sentencia dictada por el TSJC el 16 de diciembre del 2020 y que se convirtió en firme por el Tribunal Supremo el pasado 20 de enero del 2022. El tribunal ha tomado esta decisión tras la petición que hizo la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para forzar la ejecución de la sentencia. La justicia dio en un principio dos meses al Govern para que cumpliera el fallo, pero la administración catalana confiaba en que la justicia no decretaría el cumplimiento forzoso del fallo. Como respuesta a la sentencia, el Govern aprobó un «nuevo marco normativo», que a su juicio garantiza que todos los niños adquieran plenos conocimientos de catalán y español al final de cuarto de la ESO.
Con este decreto, el Govern aseguró que cumplía con las leyes catalana y española de educación. Pero no incluyó la «aplicación de ningún porcentaje» de castellano, tal y como establece la sentencia, pues a su entender no responde a un criterio pedagógico. El Gobierno catalán se escudó en un informe presentado por el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), que aseguraba que no es necesario aplicar las sentencias porque el porcentaje del 25 % de uso del castellano ya se supera en lo centros educativos, aunque incluía en ese porcentaje el recreo y el comedor.
Además, el Govern impulsó, como respuesta a la sentencia, una modificación de la ley de política lingüística, con el apoyo de PSC, ERC, Junts, CUP y Comunes. Por primera vez se reconocía el castellano como lengua vehicular en Cataluña, pero sin fijar porcentajes. Esta reforma legal, no obstante, aún no se ha aprobado en el Parlament. El Govern intentó ganar tiempo y esperaba sortear con los cambios normativos la sentencia judicial, pero el TSJC le ha dejado claro que tiene que cumplir el fallo.
