El Supremo rechaza los recursos contra los indultos a los líderes del «procés»
ESPAÑA
La Sala de lo Contencioso considera por mayoría que PP, Vox o los diputados de Cs no tienen legitimidad para impugnar la decisión del Gobierno
24 may 2022 . Actualizado a las 14:15 h.El Gobierno respira aliviado tras solventar el frente judicial abierto por una de las decisiones más controvertidas y arriesgadas de la crisis política catalana: la concesión de los indultos parciales a los condenados a prisión por el procés secesionista de otoño del 2017. El Tribunal Supremo, por mínima mayoría de tres votos a dos, ha rechazado revisar los escritos contra la concesión de la medida de gracia al considerar que los recurrentes carecen de legitimación activa para impugnar la decisión del Ejecutivo, tomada el 22 de junio con el argumento de que resultaba de «utilidad pública».
El tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo adelantó este jueves el acuerdo que estima las alegaciones previas formuladas por la Abogacía del Estado en defensa de los intereses del Gobierno. En total, se desestimaron todos y cada uno de los recursos presentados: un total de 63 impugnaciones contra los reales decretos que concedieron indultos parciales a los nueve condenados a prisión, lo que supuso suspender la pena de cárcel pendiente por delitos de sedición y/o malversación de caudales públicos con la condición de no reincidir.
De la iniciativa gubernamental se beneficiaron el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell; y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Todos ellos pasaron 1.328 días en prisión condenados por el referendo ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia del 2017.
División en la sala
La decisión fue adoptada por tres votos a favor y dos en contra. Se mostraron a favor de la inadmisión de los recursos los magistrados Segundo Menéndez (presidente de la sección quinta), Octavio Herrero y Ángeles Huet. Por su parte, fueron partidarios de la admisión de los recursos los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román. La resolución se conocerá en los próximos días y contará, por lo tanto, con dos votos particulares.
La lista de recurrentes era larga. Del PP y Vox, con su siglas, a los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra y a los diputados y exdiputados populares en el Parlamento autonómico Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán, pasando por el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló, el colectivo Convivencia Cívica Catalana o la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.
El tribunal sentenciador —la Sala Segunda del Supremo presidida por Manuel Marchena— se opuso en su momento a la medida de gracia porque no había «prueba o indicio de arrepentimiento» de los beneficiados. Una vez consumada la decisión del Gobierno, se sucedieron los recursos por parte de sus rivales políticos que ahora han sido rechazados. Vox, que ha anticipado ya que insistirá ante el Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales, presentó su impugnación al considerarse legitimado por haber actuado como acusación popular en la causa por la que se juzgó a los líderes independentistas.
En el caso de Ciudadanos, los tres apelantes basaron su legitimidad en que ellos, de forma personal, eran quienes se encontraban «en primera fila» —los tres eran diputados en el Parlamento catalán en el 2017— cuando «a través de procedimientos ilegales se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum». El PP utilizó la misma fórmula que la formación naranja y, además, «como partido democrático que representa a millones de españoles», formalizó su escrito contra el «atropello» de la medida de gracia.
Hace menos de tres meses, en una decisión de la misma Sala de lo Contencioso del Supremo, los magistrados resolvieron por mayoría inadmitir los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala general. Los jueces, sin unanimidad tampoco entonces, entendieron como ahora con los indultos que ninguno de los dos partidos estaban legitimados para recurrir esta designación del Gobierno.