La cuota del 6 % en lenguas cooficiales no afectará a las plataformas audiovisuales internacionales
ESPAÑA
El Gobierno asegura que ERC ya estaba avisada de la imposibilidad de aplicarla cuando firmó el acuerdo sobre los Presupuestos
30 nov 2021 . Actualizado a las 23:37 h.La obligatoriedad de ofertar en catalán, euskera o gallego un 6 % de su contenido no afectará a plataformas audiovisuales cuya sede no esté radicada en España, como Netflix o Amazon, y ninguna enmienda podrá cambiar ese hecho. El Gobierno avisó ayer a ERC de que, dado que esa limitación proviene de una directiva europea, no está en su mano eliminarla y apuntó a los incentivos fiscales como única vía para intentar que esos grandes operadores se impliquen en el uso de las lenguas cooficiales.
La advertencia llegó, por voz de la ministra de Economía, Nadia Calviño, el mismo día en el que el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley con el que aspira a convertir a España en un hub internacional para la producción audiovisual y apenas una semana después de que los independentistas catalanes anunciaran a bombo y platillo su apoyo a los Presupuestos tras una dura y larga negociación sobre las cuotas lingüísticas.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que ERC era perfectamente conocedora de los condicionantes que afectaban a la norma cuando firmó su acuerdo presupuestario. El portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, no lo negó, a pesar de que, durante las semanas que duró la negociación, citó en casi todas sus declaraciones públicas como afectadas a alguna de esas empresas internacionales, que tienen sus sedes sociales en Holanda y Luxemburgo. Rufián anunció que ERC tratará de enmendar el texto de la ley audiovisual en el Congreso.
Denuncia a un consejero catalán
La entidad constitucionalista Hablamos Español se querelló ayer contra el consejero catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por un presunto delito de prevaricación, al entender que, con la carta que envió a los directores de los centros tras la sentencia que obligó a la Generalitat a impartir un mínimo del 25% de las clases en catalán, impartió instrucciones para que el fallo judicial no se acatara.