Aún no se han apagado los rescoldos del incendio en Ceuta por la invasión de miles de personas de forma irregular alentada por Marruecos cuando los estrategas de la Moncloa deciden acelerar hacia el siguiente punto caliente de la agenda política: Cataluña. Con las encuestas mostrando el desplome de la popularidad y el apoyo a Pedro Sánchez, quizá el líder socialista haya preferido aplicarse el dicho de vale más una vez rojo que ciento colorado y, para ello, afrontar ahora las decisiones más polémicas para confiar su remontada demoscópica a la vacunación y a la gestión de los fondos europeos con la esperanza de que la legislatura dure de verdad los 30 meses que nos anuncia cada vez que puede.
El problema es que el callejón sigue sin salida. La Fiscalía ya dijo no a la gracia hace semanas. El Supremo ha cegado ahora la vía del indulto total al no apreciar arrepentimiento en los condenados -«lo volveremos a hacer», nos repiten cada vez que pueden- y los separatistas catalanes quieren tensar tanto la cuerda que exigen una ley de amnistía que es anticonstitucional.
Todas las consultas realizadas en España, como la de La Voz, reflejan el rechazo de cuatro de cada cinco ciudadanos a la medida de gracia contra los presos del 1-O, que además disfrutan de unas condiciones penitenciarias que poco parecen un castigo: tercer grado encubierto, visitas ilimitadas, salidas a demanda... Ese no al indulto es transversal. La contrariedad en las filas del antiguo PSOE es evidente. Y líderes territoriales con cierto peso, como el manchego García Page o Javier Lambán, ya han expresado su malestar con una decisión de Sánchez que temen que les acabe pasando factura a ellos en sus elecciones regionales. El propio presidente ha modificado radicalmente su postura desde las últimas elecciones generales, en cuya campaña hizo gala de una firmeza ahora desaparecida.
Pero Sánchez quiere pasar página. Controla el partido con mano de hierro y sabe que, aunque no sean muy de fiar, necesita los votos de Esquerra, de Bildu y hasta los de Puigdemont para seguir durmiendo en la Moncloa. Por eso desoirá a todos aquellos que le aconsejan que no obligue al rey a firmar los indultos, porque ni siquiera esta nueva concesión a los separatistas le garantiza la supervivencia de la legislatura.
El presidente socialista se desgañita pidiendo lealtad a Pablo Casado, que el PP apoye al Gobierno como el PSOE hizo con el 155, obviando que aquello era una maniobra recogida en la Constitución y que lo que ahora se propone es retorcer todos los preceptos.
Lealtad es cumplir con el juramento que nuestros gobernantes, Sánchez el primero de todos ellos, hicieron al tomar posesión: «Guardar y hacer guardar la Constitución y cumplir la ley». Se supone que esa ley nos hace a todos iguales y lo que ahora se pretende es premiar a quienes presumen de haber violentado las reglas. Y de que seguirán haciéndolo.