El juez dice que quienes espiaron a Bárcenas buscaban documentos embarazosos para altos cargos el PP

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP,  ambos imputados por la operación Kitchen, en una imagen de archivo.
Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, ambos imputados por la operación Kitchen, en una imagen de archivo. BENITO ORDÓÑEZ

Ábalos reclama a Casado medidas ejemplarizantes con los exministros Fernández Díaz y Cospedal si son procesados

07 sep 2020 . Actualizado a las 23:30 h.

El juez del caso Villarejo decretó este lunes el levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada sobre la operación Kitchen. Se trata del dispositivo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas y a su mujer Rosalía Iglesias puesto en marcha en el 2013, en pleno escándalo de la caja B del Partido Popular, y pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior.

En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón señala que el operativo se creó sin autorización judicial para sustraer documentos sensibles, ocultarlos y torpedear la investigación del caso Gürtel. De esta trama, añade, serían responsables indiciariamente «órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado», sin dar más detalles. El instructor recuerda que esta pieza se abrió a finales del 2018 a raíz de un informe de la Fiscalía Anticorrupción, presentado como consecuencia de un oficio de la Policía Judicial en el que se daba cuenta de nuevos hechos de apariencia delictiva en el marco de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión preventiva desde noviembre del 2017.

García-Castellón señala que en este caso se trataría de «ejecutar un operativo parapolicial» cuya autoría material se encomendó al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, y a Villarejo. Fue desarrollada entre los años 2013 y 2015, y consistiría en la captación y manipulación «como colaborador-informante» de Sergio Javier Ríos, que trabajaba como chófer de Rosalía Iglesias. A cambio, este percibió un sueldo mensual de unos 2.000 euros y se investiga si acabó entrando en la plantilla de la Policía Nacional de forma irregular como parte del pacto.