El PSOE contiene la respiración ante el fallo judicial sobre el caso de los ERE
ESPAÑA
El expresidente andaluz José Antonio Griñán afronta una petición de seis años de cárcel por un delito de malversación
18 nov 2019 . Actualizado a las 08:28 h.Nueve años después de que comenzara la investigación y transcurrido un año desde que se celebrara el juicio, la Audiencia de Sevilla emitirá este martes la sentencia por el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. El fallo que se compone de más de 1.700 folios, se comunicará a las partes, pero no habrá una lectura pública del mismo. La publicación de la sentencia tiene lugar en un momento crítico para el PSOE, en plena negociación para buscar apoyos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un total de 21 ex altos cargos del Ejecutivo autonómico de diferentes épocas fueron enjuiciados en este caso. Entre ellos figuran dos expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El ministerio público solicita, en función de la participación de los acusados en los hechos, penas que van desde los diez años de inhabilitación por prevaricación a los ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito continuado de malversación. El expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación como responsable de la consejería de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico entre los años 2004 y 2009. En el caso de Chaves, la acusación es de prevaricación, por lo que se piden 10 años de inhabilitación.
Más de 680 millones de euros
Los hechos juzgados se centran en la creación de un sistema ilegal de ayudas para la concesión de subvenciones sociolaborales a empresas en crisis que se prolongó desde el año 2000 al 2011 y que dio lugar a un reparto arbitrario de fondos públicos de más de 680 millones de euros eludiendo cualquier tipo de fiscalización. En el escrito de acusación, la Fiscalía afirma que la Junta de Andalucía utilizó «durante diez años un sistema de concesión totalmente opaco» con el que consiguió eliminar «todos los mecanismos de control establecidos». Califica ese sistema de «injusto y arbitrario» porque permitió el enriquecimiento ilícito de empresas y también de terceros que recibieron ayudas sin corresponderles, al figurar como lo que denomina «intrusos» de los ERE.
La Fiscalía defiende que se trató de una situación que era «conocida y buscada» por los 21 ex altos cargos que se sentaron en el banquillo y que estos no hicieron nada para tratar de ponerle fin. Todo ello, a pesar de que existían quince informes de la Intervención General de la Junta que advirtieron previamente de las irregularidades. En concreto, la acusación contra Manuel Chaves es la de haber autorizado la puesta en marcha del sistema fraudulento. Y, en lo que afecta a José Antonio Griñán, su responsabilidad es mayor por no haber puesto fin a ese sistema pese a ser quien recibió esos informes del interventor por su puesto como consejero de Hacienda.
Magdalena Álvarez y Zarrías
Entre los principales acusados figuran también el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; su sucesor en ese cargo, Juan Márquez; los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández para los que se solicita una pena de ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación; el que fue número dos de Chaves en la Junta, Gaspar Zarrías, y la exministra de Fomento y ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, para los que se piden 10 años de inhabilitación.