Los testimonios ante el Supremo desmontan las falsedades del relato secesionista
28 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Tras asistir, durante las jornadas previas del juicio del 1-O, a los regates de los principales responsables de frenar desde el Gobierno la celebración de la consulta ilegal -Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido, que mostraron ante el tribunal síntomas de padecer serios problemas de memoria-, el lunes 4 de marzo se obró el milagro en la sala del Supremo. Tomó la palabra el ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y no solo explicó la actuación del operativo policial para impedir el referendo, sino que la defendió y ofreció la que tal vez sea la mejor definición de lo que ha ocurrido en Cataluña durante los últimos años: «El relato independentista había conseguido darle la vuelta a la realidad».
Su intervención marcó un punto de inflexión en la vista, que a partir de ese instante vio cómo los testigos iban desmontando, una a una, las grandes mentiras del secesionismo. Después de la vaguedad de los políticos, llegaron la concreción y los detalles de los agentes que habían estado a pie de obra. Ahí empezó a desmoronarse la narración independentista.
![Ferrán López, comisario de los Mossos: «Puigdemont dijo que si se producía ese escenario [de violencia] declaraba la independencia»](https://cflvdg.avoz.es/sc/FSg34VqXYNQvj7f3UxvyuUf-acU=/480x/2019/04/27/00121556377204654826852/Foto/GA27P18F1_165532.jpg)
La baza europea
El fiscal Zaragoza desbarata la tesis del «juicio político». En el arranque de la vista, el 12 de febrero, los abogados defensores salieron en tromba a intentar desacreditar el proceso con la tesis de que se trataba de un «juicio político». Esa era -y sigue siendo- la moto averiada que el secesionismo quiere vender a Europa, con todas las esperanzas puestas en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbe la futura sentencia. Sin embargo, en su intervención de la segunda jornada, el fiscal Javier Zaragoza se encargó de desbaratar esta idea repetida hasta la saciedad por los independentistas dentro y fuera de España. «Ninguno de los acusados ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones», argumentó Zaragoza.
Aviso de los letrados
La Mesa del Parlamento catalán tramitó las leyes a pesar de las advertencias. El 6, 7 y 8 de septiembre del 2017 se cometió uno de los ataques a la democracia más graves previos al asedio a la Consejería de Economía y a la consulta ilegal del 1-O. Durante esas jornadas, la mayoría secesionista del Parlamento catalán aprobó la Ley del referendo de autodeterminación y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. En corto: las llamadas leyes de desconexión. Como señaló en un discurso para la historia el entonces portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, la tramitación se hizo pisoteando la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña, además de ignorando las advertencias de los letrados de la Cámara. Antoni Bayona, que era en ese momento el letrado mayor del Parlamento catalán, explicó posteriormente a La Voz: «El Tribunal Constitucional había ido anulando las resoluciones del Parlamento y advirtiendo a los miembros de la Mesa que paralizaran nuevas iniciativas. Lo que hicimos fue recordar que había esa advertencia, con posibles responsabilidades penales».
La actuación policial
El ex secretario de Estado de Seguridad desmiente el uso de una fuerza excesiva. La declaración del ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, sorprendió por su concreción, tras la falta de datos con la que habían respondido en las jornadas previas sus superiores inmediatos: el ministro Zoido, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el presidente Rajoy. Lo primero que hizo fue defender la actuación policial el 1-O, puesta en cuestión por los líderes independentistas, que trataron de vender al mundo la imagen de unas fuerzas antidisturbios que habían frenado una votación pacífica a porrazos. Nieto fue rotundo: «Me reafirmo en que se realizó de una manera ejemplar. Se usó la fuerza mínima imprescindible». También puso al descubierto la actitud de los Mossos, con Trapero como responsable máximo de esa pasividad: «Estoy convencido de que si, de forma clara y evidente, hubieran manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el 1-O no se habría celebrado».
La inacción de los Mossos
El papelón de Trapero. El designado por el Gobierno como máximo responsable de la coordinación de las fuerzas seguridad para impedir la celebración de la consulta ilegal, el coronel Diego Pérez de los Cobos, destrozó los argumentos exhibidos hasta ese día por el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Según expuso Pérez de los Cobos ante el Supremo, el responsable de la policía autonómica catalana fue más allá de estimular la inacción de sus agentes y directamente «se alineó con los convocantes de la actividad ilegal que se le había ordenado impedir».
La versión del mayor
Duro ataque contra Puigdemont. Solo una semana después le tocó el turno de defenderse al exmayor de los Mossos. Trapero trató de rebatir la declaración de Pérez de los Cobos con una dura intervención contra su antiguo jefe político, Carles Puigdemont. Según el mayor, los Mossos no pecaron de inacción, sino que estuvieron en todo momento a disposición de la autoridad judicial para cumplir su mandato de impedir la consulta ilegal. A preguntas del propio Manuel Marchena, Trapero desveló que había advertido a Puigdemont de las posibles consecuencias de seguir con sus planes: «Les dijimos que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías y que eso iba a causar conflictos graves».
La otra «revolución de las sonrisas»: «Cataluña era un polvorín insurreccional»
Durante los días previos a la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 los estrategas del independentismo se encargaron de reiterar -fundamentalmente desde la plataforma mediática de TV3- que la consulta era «la revolución de las sonrisas», puesta en marcha por «gente de paz». Hasta se organizaron fiestas de pijamas -con niños incluidos- para dormir en los colegios electorales e impedir la actuación policial a primera hora de la mañana del 1-O. Pero no fue la «revolución de las sonrisas» lo que se encontraron los agentes esa jornada.
Insurrección
«Cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable». Una de las declaraciones más contundentes fue la del teniente coronel Daniel Baena, que desde el 2014 se encargó de coordinar las investigaciones de la Guardia Civil sobre el proceso separatista. Pronunció ante el tribunal la palabra «insurrección» y se refirió en varias ocasiones al «clima insurreccional» que se vivía en Cataluña: «Aquello era literalmente un polvorín. Los policías sabíamos que cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable».
Altos mandos
Coincidencia en las versiones de Policía, Guardia Civil y Mossos. A pesar de las discrepancias entre los testimonios de Pérez de los Cobos y Trapero, cuando se bajó un peldaño en el escalafón, las versiones de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos ya se aproximaron. El comisario Sebastián Trapote señaló, por ejemplo, que los concentrados ante los colegios «estaban perfectamente organizados, sabían cómo hacer la resistencia, hacían cadenas y nos agredían». Las declaraciones de los agentes que actuaron a pie de calle lo confirman. Describen golpes, patadas, insultos y escupitajos propinados por las autodenominadas «personas de paz».
Manel Castellví y Emili Quevedo, altos mandos de los Mossos, confirmaron que habían advertido a Puigdemont que el 1-O podría degenerar en «una escalada de violencia». También le avisó de lo mismo el comisario Ferran López, que desveló cuál fue la pavorosa respuesta del entonces presidente de la Generalitat: «Les hablamos de violencia y altercados y recuerdo que Puigdemont dijo que si se producía ese escenario, en ese momento declaraba la independencia».