Acuerdo para enterrar los aspectos más polémicos de la ley mordaza

La grabación de policías o la convocatoria exprés de manifestaciones no se sancionarán


madrid / colpisa

Los aspectos más polémicos de la conocida como ley mordaza, ahora sí, parecen tener sus días contados. Los grupos parlamentarios han llegado a varios acuerdos que supondrán el fin de algunas de las medidas más contestadas de la Ley de Seguridad Ciudadana. Según el acuerdo alcanzado en la ponencia, dejarán de ser infracciones la grabación o difusión de agentes de las fuerzas de seguridad o la convocatoria exprés de manifestaciones. También hay una mayoría, aunque todavía no se ha votado, para no castigar las concentraciones pacíficas en los alrededores de las Cámaras parlamentarias.

La tercera reunión de la ponencia en el Congreso, que desde el 27 de noviembre trabaja para unificar en un texto las más de 200 enmiendas registradas para la reforma de la ley que el PP aprobó con su mayoría parlamentaria en el 2015, se ha saldado con un acuerdo principal: no sancionar «con carácter general» a los manifestantes que graben a los policías en las manifestaciones. Habrá, no obstante, excepciones. Sí seguirá siendo una infracción la distribución «intencionada» de esas imágenes para provocar un riesgo real para los agentes o sus familias o para revelar datos operativos de las fuerzas de seguridad.

Críticas policiales

Con esta reforma el legislativo desoye la reclamación de los sindicatos de la policía y las asociaciones de la Guardia Civil, que habían pedido que se mantuviera intacto este punto. Otro varapalo a estos colectivos es que también dejará de ser una infracción grave el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales o réplicas de los distintivos de las fuerzas de seguridad.

Pero habrá más cambios en las manifestaciones. No habrá sanciones por la convocatoria exprés de protestas. Hay acuerdo para que baste un aviso a la Delegación del Gobierno con cuatro horas de antelación y de forma telemática. Eso sí, siempre que estas manifestaciones no se realicen en las inmediaciones de infraestructuras básicas. En la práctica, explicaron portavoces parlamentarios, se impide la disolución de una manifestación por el hecho de no haber sido comunicada. Los responsables de los posibles daños que se produzcan en estos actos de protestas no serán los convocantes, como hasta ahora, sino las personas individuales que los provoquen. Las sanciones por estos desperfectos se modularán según las capacidades económicas de los responsables de los daños.

Las protestas junto a las infraestructuras básicas también se retocan. No todas ellas, tras la reforma, serán punibles. Solo aquellas manifestaciones que causen «perturbaciones graves» a esas instalaciones o que causen un daño a la «salud o la vida» de las personas

Uno de los aspectos que está creando más controversia es el fin o no de las sanciones a las protestas en los alrededores de las Cámaras legislativas, como las convocadas hace años bajo el lema «Rodea el Congreso», que desembocaron en incidentes. PP y Ciudadanos se niegan a que dejen de ser una infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana, pero hay mayoría en el resto de los grupos para retocar este punto. Aunque no llegó a votarse, el texto, que con toda probabilidad saldrá adelante, acabará con las multas para este tipo de convocatorias, aunque siempre que las protestas sean pacíficas y no impidan con coacciones el acceso de los representantes políticos a los edificios.

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