Un pacto que humilla a todos los españoles

El acuerdo entre Pedro Sánchez y Quim Torra está plagado de cesiones a los secesionistas, que impusieron sus condiciones en la redacción sin renunciar a nada, y excluye a la Constitución


Madrid / La voz

 Aunque el Gobierno insista en enmarcar en la normalidad la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona del pasado viernes y el encuentro entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, lo cierto es que prácticamente todo lo que rodeó a esa reunión del gabinete ministerial en la capital de Cataluña fue excepcional. Nunca un Gobierno de España ha tenido que someterse a toda una larga negociación previa con el presidente de una comunidad para poder reunirse en territorio que forma parte del Estado español. El Ejecutivo acabó cediendo, incluso desmintiéndose a sí mismo, a todas las exigencias previas que había planteado la Generalitat, que es quien impuso el protocolo, la escenografía, la imagen y el formato mismo en el que se desarrollaron los actos del jueves y el viernes, con lo que consiguió dar la apariencia de que se trataba en realidad de una visita de Estado del mandatario de un país a una nación extranjera.

Una visita que concluyó con un insólito comunicado conjunto suscrito de igual a igual entre el Ejecutivo central y el de la Generalitat, cosa que no ha ocurrido jamás cuando el presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros se han desplazado a cualquier otra comunidad. Un pacto firmado que, además de constituir por sí mismo una cesión que solo consigue rebajar la autoridad del Estado, está redactado con un lenguaje plagado de eufemismos y en unos términos que solo pueden considerarse como un conjunto de cesiones del Gobierno de Sánchez, que acaba así asumiendo las tesis y hasta la jerga del independentismo para referirse a la situación en Cataluña y para abrir la puerta a un referendo sobre la independencia que vulnera la Constitución.

Dos Gobiernos

«Tras la reunión celebrada hoy entre el presidente del Gobierno de España y el “president” de la Generalitat de Catalunya y miembros de ambos Gobiernos, se señala lo siguiente». El propio encabezamiento del documento pactado entre Sánchez y Torra desmiente ya al jefe del Ejecutivo español y a sus ministras, que insistieron en todo momento, incluso después de la reunión, en que se trató solo de una entrevista a solas del presidente con Torra y de otro encuentro paralelo y de trámite de la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Meritxell Batet con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, y en que no hubo una reunión de todos ellos, en contra de lo que dice el texto y acredita la foto final de familia, que impuso también la Generalitat.

Un conflicto

«Coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña». Ya en la primera frase del pacto suscrito, el Gobierno asume que existe un «conflicto». Y no entre una comunidad autónoma y el Estado central, sino en lo que afecta «al futuro de Cataluña». El término conflicto para referirse a las relaciones con el Estado central es el que empleaban siempre la organización terrorista ETA y sus partidos afines para presentar sus reivindicaciones como algo que debe resolverse entre dos iguales. Lo que hay en Cataluña, en contra de lo que suscribe el Gobierno, no es un conflicto, sino una insurrección de unas fuerzas políticas que han vulnerado la Constitución y se han declarado unilateralmente independientes, lo que ha llevado a algunos de sus dirigentes a prisión y a sentarse en el banquillo acusados de gravísimos delitos, entre ellos el de rebelión. En todo caso, la resolución de la crisis no podría afectar nunca «al futuro» de Cataluña, que, más allá de quién la gobierne y de las medidas que puedan adoptarse, seguirá siendo una comunidad autónoma del Estado español, como recoge la Constitución. Al referirse al futuro de Cataluña, el Gobierno admite que ese estatus podría cambiar.

Descartado el 155

«Comparten, por encima de todo, su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana». Este párrafo comienza admitiendo que una situación que ha sido creada de forma unilateral por la Generalitat y los independentistas solo puede solucionarse por medio del diálogo, descartando así que, si el Ejecutivo catalán insistiera en no cumplir las obligaciones que la Constitución le impone y no atendiera un requerimiento del Gobierno para que así lo hiciera, pudiera aplicarse el artículo 155, como ya se hizo con anterioridad, con el apoyo de Sánchez. Pero, al referirse a la necesidad de vehicular «una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de en la sociedad catalana», el Gobierno da pie a que la Generalitat presente ese texto como la admisión de que puede haber un referendo de autodeterminación en el que solo participen los catalanes, lo que iría en contra del precepto constitucional que establece que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, y no solo en una parte de sus ciudadanos.

Constitución ausente

«Deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica». Este punto del pacto es quizá el más humillante para el Estado, por lo que constituye de cesión a los independentistas. En el primer borrador del acuerdo que había planteado el Gobierno, se hacía referencia expresa a que cualquier medida que pudiera adoptarse debía hacerse «en el marco de la Constitución». La Generalitat exigió que se retirara del texto cualquier alusión a la Constitución española y a su acatamiento expreso por parte de Gobierno catalán. Sánchez, haciendo dejación de sus funciones de defender el marco constitucional, cedió ante esa exigencia y aceptó que la referencia se hiciera al «marco de la seguridad jurídica». Algo que de nuevo abre la puerta a que se pudiera celebrar una consulta no vinculante al amparo de la ley de referendos aprobada recientemente por el Parlamento catalán. Además, el texto se refiere a dar «una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña», asumiendo así que las exigencias de los independentistas son compartidas por todos los ciudadanos catalanes. Algo absolutamente incierto. Al margen de que millones de catalanes están conformes con el actual modelo territorial, en las últimas elecciones los partidos secesionistas ni siquiera llegaron al 50 % de los votos.

Un conflicto

«La vía del diálogo requerirá el esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos Gobiernos se compromete a trabajar para hacerlo posible». Aceptando esta redacción que habla de «todas las instituciones», el Gobierno da pie a que se interprete que la Justicia debe implicarse también tomando decisiones que faciliten el diálogo. Obvia que se trata de un problema político que nada tiene que ver con las decisiones que tomen los tribunales de manera independiente sobre quienes infrinjan la ley, respetando así la separación de poderes. La referencia a los «actores políticos» supone también un eufemismo para dar a entender que, al margen del Gobierno y los partidos, también debería tenerse en cuenta a plataformas independentistas como la ANC u Òmnium, que lideraron el proceso de la supuesta rebelión, y cuyos líderes en aquellos momentos se encuentran ahora en prisión por esos hechos.

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