Bloqueo «sine die» del gobierno de los jueces

PSOE y PP consumaron este miércoles su ruptura y han condenado al Consejo General del Poder Judicial a un bloqueo que nadie sabe cuánto puede durar


mADRID / COLPISA

PSOE y PP consumaron este miércoles su ruptura y han condenado al Consejo General del Poder Judicial a un bloqueo que nadie sabe cuánto puede durar. Ambos partidos, y Podemos, retiraron sus candidatos a vocales del gobierno de la judicatura que debían ser votados hoy por el Congreso. La fractura no se va a resolver con un poco de árnica, porque los populares han presentado en el Senado una reforma al sistema de elección de los consejeros para volver al sistema anterior a 1985. Uno de los pilares que sustentaba al bipartidismo era el acuerdo que permitía a PSOE y PP tutelar al Consejo del Poder Judicial en régimen de duopolio, con alguna concesión a los nacionalistas e IU. Pero ya nada será igual. La renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo tras la indiscreción del portavoz popular en el Senado ha dinamitado un consenso de 33 años. El presidente del Gobierno hizo ayer un último intento de recomponer la situación en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, pero se encontró con la negativa del líder del PP.

Pedro Sánchez instó a Pablo Casado a reconsiderar su posición porque si el acuerdo, como reconocían los populares, era bueno antes de la renuncia de Marchena no podía dejar de serlo porque se filtrara el mensaje de Ignacio Cosidó que dejó a la vista de todo el mundo el control político del órgano de gobierno de los jueces. «A su lado -dijo el presidente al líder de la oposición-, Rajoy es un moderado, y más serio que usted» porque para «tapar sus vergüenzas» por el wasap de Cosidó ha decidido romper un acuerdo clave para el modelo constitucional de España. «Cumpla con su pacto y permita la renovación» del Consejo, insistió Sánchez, porque los problemas internos de un partido no pueden perjudicar el funcionamiento de las instituciones.

Enmienda con errores

El líder del PP negó la responsabilidad de su portavoz en el Senado en la crisis, porque quien puso patas arriba la negociación, dijo, fue el Gobierno al hacer público el nombre pactado para presidir el organismo. Lo hizo la vicepresidenta Carmen Calvo. Sentada esta precisión, Casado replicó que su partido no iba a «contribuir al desprestigio del Poder Judicial y a su descrédito institucional» con el mantenimiento de un sistema que ahora considera reñido con la separación de poderes.

Los populares escenificaron la ruptura del consenso con la presentación de una enmienda a la reforma de la Ley del Poder Judicial para modificar el sistema de elección de los vocales. Pero todo fue tan deprisa que copiaron la norma de 1980, que incluye términos desaparecidos como las audiencias territoriales y juzgados de distrito y que la reforma de 1985 transformó en audiencias provinciales y juzgados de instrucción y de primera instancia. «No fue una improvisación, fue una reacción» con «pequeños errores», explicó la portavoz adjunta del PP en el Senado, Cristina Ayala, al registrar las correcciones pertinentes.

El sistema que propone es que las asociaciones de jueces designen doce vocales, y el Congreso y Senado, a cuatro cada uno.

El Gobierno destituye al abogado del Estado que defendió la rebelión en el caso del «procés»

La Voz
Edmundo Bal, hasta hoy abogado del Estado jefe de lo Penal
Edmundo Bal, hasta hoy abogado del Estado jefe de lo Penal

Edmundo Bal ha sido apartado del cargo por «pérdida de confianza» de la jega de la Abogacía del Estado, la gallega Consuelo Castro

El Gobierno ha decidido destituir al abogado del Estado que defendió en su día acusar de un delito de rebelión a los líderes independentistas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

Edmundo Bal, jefe de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado, ha sido apartado de esta responsabilidad debido a la pérdida de confianza de la jefa de la Abogacía del Estado, la gallega Consuelo Castro, al oponerse al criterio de acusar a los líderes del procés unicamente por el delito de sedición.

Bal, que ha sido el encargado de defender al Estado en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo, no impugnó durante todo el procedimiento el criterio de la Fiscalía de que se pudo cometer un delito de rebelión, y era partidario de seguir esta misma línea marcada por el Ministerio Público. 

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