Dos líderes del PSC visitan a los presos secesionistas en la cárcel de Lledoners

Los alcaldes de Cornellà y de Sant Joan Despì, Antonio Balmón y Antoni Poveda, respectivamente, ambos líderes destacados del PSC, se reunieron el jueves con los secesionistas encarcelados en la prisión de Lledoners (Barcelona). En concreto, los dos dirigentes socialistas visitaron a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn y Josep Rull. No son los primeros dirigentes socialistas que acuden a Lledoners a verse con los presos independentistas. Hace semanas se desplazaron Carles Castillo, diputado autonómico, y Jaume Collboni, líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. En los dos casos, señalaron que se trataba de visitas de carácter privado.

La visita de Balmón y Poveda es de mayor calado, pues ambos son líderes influyentes del PSC. Balmón es uno de los barones del PSC y se encuentra muy próximo al PSOE. Su presencia en la prisión llega una semana después de que la Fiscalía presentara el escrito de acusación contra los líderes del proceso y días después de que el presidente de la Generalitat acusara al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de cínico y de falta de humanidad respecto a los políticos presos. No es el gesto que el independentismo reclama al Gobierno central en materia de presos, como sería que la Fiscalía retirara la acusación de rebelión, pero sí se trata de un guiño de los socialistas hacia el secesionismo en pleno debate sobre los Presupuestos.

El otro movimiento, no reconocido desde las filas nacionalistas, fue el cambio de criterio de la Abogacía del Estado en su escrito de acusación, descartando el delito de rebelión.

Echar el freno

Otro gesto más: el PSOE volverá a echar el freno esta semana a la reforma de la ley de indultos, que los de Sánchez impulsaron en el Congreso cuando estaban en la oposición para no conceder este perdón a los condenados por corrupción o violencia machista.

El PP introdujo en febrero una enmienda que añade a esta reforma la prohibición de indultar a los penados por delitos de rebelión y sedición. Desde entonces los socialistas tratan junto con Esquerra de paralizar los trabajos en la mesa de la Comisión de Justicia, en donde tienen mayoría, para acometer una reforma legal que dejaría al Ejecutivo sin margen para indultar a los dirigentes independentistas si son condenados por el Tribunal Supremo.

Primero retrasaron la toma en consideración de la iniciativa presentada por los conservadores, y ante la amenaza de una votación inmediata en el pleno, que obligaría al PSOE a retratarse, la desbloquearon. Ocho meses después la ponencia quedaba finalmente constituida, dando el pistoletazo de salida a unos trabajos relativamente rápidos y para los que el reglamento del Congreso concede un plazo inicial de quince días. Sin embargo, los socialistas no han dejado de jugar con los tiempos para ralentizar la reforma de la ley, que data de 1870 y que apenas ha sufrido cambios desde entonces.

Antes de entrar en materia solicitaron un informe a los servicios jurídicos de la Cámara y ahora, después de que Sánchez dejase abierta la puerta a indultar a los políticos catalanes encausados, pedirán la comparecencia de un grupo de expertos. El partido en el Gobierno argumenta que es mejor abrir primero una ronda de comparecencias para ilustrar al Congreso sobre una cuestión que consideran muy compleja, y así se lo trasladará al resto de grupos en la reunión de mañana. Enfrente, el PP insiste en que esta solicitud «no tiene ninguna justificación» y teme que las comparecencias puedan extenderse durante meses mientras la Mesa de la comisión así lo decida.

La situación política convierte este asunto en un tema muy delicado para el Gobierno por los equilibrios que tiene que hacer en su relación con la Generalitat y con los partidos independentistas sobre los que se sostuvo la moción de censura. PP y Ciudadanos acusan desde hace semanas al Ejecutivo de cambiar «indultos por Presupuestos».

Colau e Iglesias presionan al soberanismo para que apruebe los Presupuestos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, redoblaron ayer la presión para que el independentismo, al menos, se siente con el Gobierno para negociar un posible apoyo a los Presupuestos del próximo curso. Ambos dirigentes participaron en un acto en Barcelona en el que coincidieron en pedir «altura de miras» para que salgan adelante las cuentas públicas más a la izquierda de los últimos años.

Colau e Iglesias se encuentran en una posición bastante privilegiada en este toma y daca entre el Ejecutivo y los secesionistas. Primero, porque ambos defienden el derecho a decidir y denuncian la prisión para los políticos presos por el procés. Segundo, porque una vez que los antisistema de la CUP han abandonado al Gobierno de Quim Torra en el Parlament, Junts per Catalunya y Esquerra necesitan el apoyo de los ocho diputados de los comunes para aprobar sus propios presupuestos autonómicos.

La regidora apeló ayer a la responsabilidad de gobierno de los independentistas para finiquitar las políticas del PP. Iglesias, a su vez, solicitó sentido común y advirtió del riesgo de un adelanto electoral que lleve al poder a Partido Popular y Ciudadanos, el peor escenario para Cataluña, según el líder morado. Pero tanto la alcaldesa de la ciudad condal como el líder de Podemos apuntaron también al Ejecutivo socialista, al que recriminaron no haber dado los pasos necesarios para lograr un acuerdo.

Se lo tienen que currar

Iglesias, que ya ha insinuado la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales, tampoco comparte el plan B de Sánchez para mantener la legislatura con los Presupuestos heredados del PP y mediante decretos ley para el caso de que no lleguen a aprobarse las cuentas que pactó con Podemos. «El Gobierno no ha estado a la altura y, si quiere que saquemos los Presupuestos adelante, se lo tienen que currar, se tienen que arremangar», añadió.

A juicio del máximo dirigente de Podemos, el Gobierno del PSOE debe escuchar y reconocer como interlocutores a todos los actores políticos que han obtenido representación: «Debe asumir que lo que ocurre en Cataluña solo tiene una solución política y democrática. Jamás se va a resolver con represión, con palos y con cárceles», advirtió.

Pitada a Torra por su falta de pasos hacia la independencia

Al presidente de la Generalitat se le complica el mandato. Tiene por delante unas cuantas etapas de alta montaña como son la búsqueda de socios para aprobar sus presupuestos, rehacer la unidad del secesionismo o lograr frutos en su diálogo con Sánchez. Ayer pudo comprobar que tiene un cuarto problema, que permanecía latente, pero que irá a más: el independentismo civil, al que pidió que apriete en la calle, le tributó una sonora pitada en Deltebre (Tarragona) a donde acudió a inaugurar un centro fluvial. A las puertas del centro, varias decenas de ciudadanos, con pancartas, le silbaron y le recriminaron que no haga efectiva la república.

«Queremos la república», «menos mirar y más actuar» o «basta de mentiras» fueron algunas de las pancartas que lucían los manifestantes. Los sectores más irreductibles del independentismo están muy molestos con la inactividad del Ejecutivo catalán, al que no ven que dé pasos para salir del autonomismo. Torra reiteró ayer su compromiso de hacer efectiva la república, pero hasta la fecha esa promesa no ha sido más que retórica, porque se ha quedado en gestos más bien simbólicos, como el Consejo para la República o el foro de debate constituyente.

La CUP ya se ha desmarcado del Gobierno de Torra, por su falta de compromiso y por las últimas actuaciones de los Mossos contra manifestantes independentistas, y los siguientes que podrían marcar distancia con el president pueden ser los de la ANC. La Asamblea lanzó recientemente un ultimátum a Torra para que haga movimientos explícitos para consumar la independencia. Tiene de plazo hasta el 21-D. En caso contrario perderá el apoyo de la entidad, que dará por muerta la legislatura. La plataforma, de hecho, ya hace tiempo que empieza a ir un poco por libre, como con la iniciativa de hacer una lista de empresas amigas con la república y llamar al boicot a las empresas no comprometidas con la independencia.

Los frentes se le multiplican a Torra, que fía el futuro de su mandato a las sentencias del juicio del 1-O. El presidente de la Generalitat se mostró ayer desafiante en una entrevista. Aseguró que no aceptará las condenas y amenazó con movilizaciones similares a las de la huelga del 3 de octubre del año pasado. Asimismo advirtió de que, si el Gobierno reacciona aplicando el artículo 155, él no lo acatará. «A mí no me destituirá ningún artículo 155, a mí solo me puede destituir el Parlamento de Cataluña. Y, por tanto, será el Parlamento de Cataluña el que en ese momento adopte la posición que quiera adoptar», expresó. Y remató: «¿Qué hará Pedro Sánchez para cesarme?»

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