El inicio de una escalada de tensión

Los expertos creen que los secesionistas aumentarán su presión de cara a los juicios contra los políticos presos

Astrid Barrio, Roberto Blanco Valdés, Elena García-Guereta y Xavier Arbós
Astrid Barrio, Roberto Blanco Valdés, Elena García-Guereta y Xavier Arbós

A partir de la Diada, los independentistas inician una escalada de la tensión que prevén mantener hasta el inicio del juicio a los dirigentes encarcelados. Los expertos consultados por La Voz consideran prácticamente inviable una solución negociada, dada la intransigencia de los secesionistas. 

¿Habrá una escalada de tensión?

Roberto L. Blanco Valdés lo considera «obvio si hemos de fiarnos de las propias palabras de los líderes separatistas, dispuestos a relanzar una nueva ola de presiones a favor de ese delirio de la república catalana independiente». Pero añade que, «más allá de tales declaraciones, existe una circunstancia que forzará a límites máximos la tensión: el comienzo del juicio contra los dirigentes de la rebelión». En ese contexto, «el secesionismo intentará utilizar el proceso para continuar, intensificándola, su política de manipulación de la opinión pública, basada ahora en la idea descabellada de que España no es una democracia, sino un régimen autoritario que no solo impide votar a Cataluña, sino que además somete a juicio a detenidos por razones políticas».

Elena García-Guereta prevé que «los independentistas sigan intentando victimizarse para ganar adeptos» y que tal vez deseen tensar la cuerda «para provocar un nuevo 155 e ir a elecciones, presentándose como un movimiento oprimido y reprimido, con sus líderes en prisión o en el exilio». Xavier Arbós estima que «del 11 de septiembre al 1-O habrá movilizaciones, pero la escalada de tensión, al menos dialéctica, se producirá a partir del 1 de octubre». Añade que «se pretenderá mantener la tensión hasta llegar a los juicios, que la incrementarán». Pero no cree que tenga consecuencias políticas. «Más allá del aumento de tensión -dice-, no imagino ningún amago de secesión unilateral, el Gobierno catalán no está dispuesto a la desobediencia». Astrid Barrio considera que no será generalizada, ya que «buena parte del independentismo prima la situación y las perspectivas de los presos y según qué acciones podrían perjudicarlos». Por lo tanto, «puede seguir habiendo enfrentamientos por los lazos y entre sectores muy radicalizados, pero minoritarios, que serán utilizados». 

¿La apuesta del Gobierno de Sánchez por el diálogo puede dar resultado?

Blanco Valdés explica que «los separatistas van a la supuesta negociación con una exigencia inamovible, el referendo de autodeterminación, que es absolutamente ilegal». Por lo tanto, no cree que haya «diálogo posible sin que el separatismo cambie de posición» ni que el supuesto diálogo conduzca ahora «a otra cosa que a la frustración». Concluye que «en estas condiciones, la insistencia en el diálogo supone además un engaño para la población, al hacerle creer que es posible resolver hablando un problema sobre el que sencillamente el diálogo es imposible en los términos en los que lo plantean los separatistas».

«En la resolución del conflicto a corto plazo, no; en la reducción de la tensión, sí», responde Barrio. Xavier Arbós, por su parte, considera que «hay algunos modestos resultados que permiten decir que el diálogo existe y se mantiene». Concluye que no hemos llegado aún «a su plenitud», pero que estamos «menos mal que antes». Elena García-Guereta ve «imprescindible apostar por el diálogo, que es la herramienta esencial de la democracia, especialmente necesaria cuando el independentismo pretende presentarse como oprimido por la falta de libertad y democracia». 

¿Es posible una solución negociada?

«No es posible a día de hoy ninguna solución negociada», responde Blanco Valdés. Y añade que «no será posible en el futuro en tanto el nacionalismo catalán no renuncie a la secesión». Pero, incluso en ese caso, «hoy muy improbable, el espacio para el diálogo es pequeño, porque Cataluña tiene una autonomía que no es posible ya ampliar de forma sustancial sin poner en grave riesgo la unidad del Estado; y porque, dada su población y su peso económico, una disminución sustancial de la solidaridad territorial de Cataluña con el resto del Estado sería inasumible para mantener la cohesión social en España y la viabilidad de nuestro sistema de financiación».

«La veo muy difícil, porque, por una parte, el Gobierno catalán mantiene una retórica rupturista y, por otra, el Gobierno central tiene una base parlamentaria débil y poco margen para tejer los consensos indispensables», señala Arbós. Pero, «por difícil que sea», ni el inmovilismo ni la ruptura le parecen soluciones. García-Guereta destaca que «el problema es que los actuales líderes políticos catalanes parecen no querer negociar nada». Para que fuera posible, en opinión de Astrid Barrio, «todos deberían ceder en sus pretensiones iniciales, dialogando sobre el problema de fondo, que es el reparto de poder político y de recursos en un sistema multinivel que también incluye Europa, y que se deje de poner el foco solo en el instrumento (referendo, reforma del Estatuto de autonomía) porque quizás haya otras vías».

La propuesta de un referendo de autogobierno de Sánchez, sin recorrido

¿Cómo evalúan los expertos la propuesta de Pedro Sánchez de hacer un «referendo de autogobierno». Para Blanco Valdés, «Sánchez comete dos errores realmente increíbles: primero, insistir en la idea del referendo, lo que, además de dar parcialmente la razón a los separatistas, no sirve para nada, pues la Generalitat ya ha afirmado que el único referendo que le vale es uno sobre la permanencia o no de Cataluña en el Estado español». El segundo error «es el mismo en que ya cayó Zapatero: creer que un texto estatutario inconstitucional puede pasar el filtro del Tribunal Constitucional». «No parece importarle el hecho obvio de que cualquier ampliación sustancial del autogobierno de Cataluña pondría en grave riesgo la unidad del Estado, pues la descentralización catalana es ya muy superior a la de cualquier unidad federada en cualquier Estado federal del mundo», concluye.

Barrio lo ve como «una vía que podría se útil para resolver el conflicto, pero hoy por hoy es complicada, ya que ni en el Parlamento catalán ni en las Cortes hay una mayoría favorable a la reforma del Estatuto». García-Guereta cree evidente que «el Gobierno está intentando reconducir este conflicto a vías razonables y pacíficas, aunque lo haga ofreciendo algo que no es lo que piden».

Arbós aclara, como cuestión previa, que por referendo de autogobierno entiende «un referendo de ratificación de un nuevo Estatuto de autonomía». Dicho esto, no le parece una mala idea «buscar una reconsideración del marco autonómico que se concrete en un nuevo Estatuto, es la opción menos mala entre el inmovilismo y la ruptura».

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