Llegó al Gobierno en el 2014 sin hacer ruido, con un perfil bajo, de carácter técnico, lo propio de alguien que lleva en cargos de la Administración desde 1988
02 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Rafael Catalá (Madrid, 1961) llegó al Gobierno en septiembre del 2014 sin hacer ruido, con un perfil bajo, de carácter técnico, lo propio de alguien que lleva en cargos de la Administración desde 1988, cuando con tan solo 27 años fue nombrado subdirector general en el Ministerio de Sanidad. Pero su carrera se impulsó con los Gobiernos del PP. Empezó en 1996 como director general en un ministerio dirigido por Rajoy y acabó de número dos de Ana Pastor en Fomento. Hasta que el presidente del Gobierno lo llamó con el encargo de apagar todos los fuegos que había prendido su antecesor en el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Pero a Catalá la prudencia le duró unos meses, porque al poco de acceder al departamento empezó a pisar charcos y desde entonces no ha parado, porque a la primera oportunidad que se le presenta, habla, y a menudo sin medida. O eso parece.
Sanciones a los medios. La primera, solo medio año después de acceder al cargo, cuando planteó la posibilidad de sancionar a los medios que publicaran informaciones de filtraciones judiciales. El alud de críticas le obligó a rectificar.
La corrupción se salda en las urnas. Los numerosos casos de corrupción que salpican a su partido le ha dado múltiples oportunidades para despacharse a gusto, como cuando dijo, en noviembre del 2016, que las responsabilidades por la corrupción se habían saldado en las urnas.
Reprobado por el Congreso. En mayo del año pasado, fue reprobado por el Congreso, con el voto de toda la oposición, por obstaculizar la acción de la Justicia contra la corrupción. Catalá había hablado con el entonces presidente murciano Pedro Antonio Sánchez cuando era investigado y antes de que el fiscal pidiera su imputación, y envió un mensaje a Ignacio González en parecidas circunstancias. «Ojalá se cierren pronto los líos», le decía.
Protestas y huelga judicial. Con todo, lo peor está aún por llegar. Jueces y fiscales mantienen un calendario de protestas que culminarán el próximo día 22 con una huelga de todo el sector en demanda de una serie de mejoras en la Justicia y de garantías de una independencia judicial que ven amenazada. Catalá ya se estrenó con la decisión de no renovar a la fiscala general, Consuelo Madrigal, por resistirse a los nombramientos que le reclama el ministro.