La corrupción del caso Palau abre nuevas grietas entre los socios del Gobierno catalán

El PDECat y Esquerra se enfrentan por la decisión de la Generalitat de no acusar a Convergència en el juicio

Puigdemont, en la presentación en Barcelona de un manual sobre gobierno en Twitter.
Puigdemont, en la presentación en Barcelona de un manual sobre gobierno en Twitter.

barcelona / colpisa

Casi un mes después de que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se conjuraran para aparcar sus líos internos en aras de celebrar el referendo, la unidad volvió a resentirse en el Gobierno catalán por culpa de la corrupción que salpica a la antigua Convergència. La decisión de la Consejería de Cultura de la Generalitat, en manos del convergente Santi Vila, de no acusar al que fuera su partido y a su extesorero en el juicio del caso Palau enfrentó ayer a los dos socios, que se preparan para una dura batalla electoral por la hegemonía del secesionismo.

El juicio por el expolio del Palau de la Música, en el que se juzga a los saqueadores confesos de la entidad cultural y en el que además se dirime si Convergència se financió de manera ilegal, llega esta semana a la presentación de las conclusiones de las partes. El Consorcio del Palau ejerce de acusación particular contra los directivos de la entidad cultural, pero ha descartado acusar a Convergència, que se sospecha que se llevó 6,6 millones del expolio, y a su extesorero Daniel Osácar, para quien la Fiscalía pide siete años de prisión.

El ministerio se desmarca

Tras la confesión de Félix Millet y Jordi Montull, que en el juicio admitieron que el partido de Mas cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau, el Ayuntamiento de Barcelona, que forma parte del Consorcio del Palau junto con la Generalitat y el Ministerio de Cultura, trató el viernes pasado de que la posición de esta entidad cambiara y forzó una votación. Los tres miembros de la Generalitat votaron en contra de acusar a Convergència, los dos del Consistorio, a favor, y los dos del Ministerio de Cultura no asistieron.

Esquerra instó ayer a Santi Vila a repensar y «corregir» la decisión y lo criticó por actuar sin consultar. «ERC es implacable con la corrupción», afirmaron los republicanos tomando distancias con sus socios. «Hay que ir hasta el final en todos los casos, hay que hacer limpieza», señalaron. Vila se negó a rectificar, dijo que su postura es técnica y no política, pidió que se respeten los tiempos procesales y afirmó que en el Gobierno catalán las determinaciones se toman por «consenso», desmintiendo a sus socios. Desde el PDECat, Marta Pascal se desmarcó del caso Palau y quiso destacar que «no es el caso CDC».

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