El tribunal de la Gürtel cita a declarar a Rajoy, contra el criterio de la Fiscalía

Atlas

Mariano Rajoy será el primer presidente del Gobierno de España en activo que declarará en un juicio. La Sala de lo Penal de lo Audiencia Nacional decidió ayer citarlo como testigo en la vista oral que se sigue por la primera época de actividades presuntamente delictivas de la trama Gürtel. El tribunal atiende así la petición de una de las acusaciones populares, ejercida por el grupo de abogados progresistas Adade, en una decisión que rompió la unanimidad de los tres jueces y se adoptó por mayoría de dos a uno, y que se toma también en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que consideran que el testimonio de Rajoy no aportará nada a la causa.

El jefe del Ejecutivo, según aseguraron fuentes de la Moncloa, está dispuesto a colaborar con la Justicia, aunque se desconoce por el momento la fecha en la que prestará declaración y si comparecerá en la misma sala donde se sigue el juicio o declarará por videoconferencia desde su despacho oficial en la Moncloa. El hecho de que sea llamado como testigo implica que Rajoy tendrá que acudir sin abogado y estará obligado a decir la verdad y a responder a todas las preguntas que se le formulen, al contrario de lo que sucedería si compareciera como acusado.

Adade lo considera «clave»

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) había solicitado la declaración de Rajoy como testigo durante el juicio en el que están sentados en el banquillo el extesorero del PP Luis Bárcenas y el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, además de otros excargos del PP y los hombres de confianza del cerebro de la trama corrupta. La acusación atribuye a Rajoy el cargo de vicesecretario encargado de asuntos electorales del PP en el momento de los hechos juzgados y lo considera por tanto una figura «clave» para esclarecer lo sucedido.

Al comienzo de la vista de ayer, el tribunal preguntó a las partes sobre esta petición de comparecencia. La Fiscalía se opuso a la citación como testigo del presidente del Gobierno en este juicio alegando que no hay «nada nuevo» que lo justifique y por entender que la declaración de Rajoy no es «ni útil ni necesaria» y resultaría además «redundante», dado que la existencia de una caja B en el PP, por la que sería preguntado en su comparecencia, está «suficientemente acreditada» ya. «No aparece como relevante por cuanto no aparece con potencialidad para modificar el sentido del fallo», sostuvo la fiscal, Concha Nicolás, en torno a la posible declaración del líder del Partido Popular.

«Espuria y extraprocesal»

Similar criterio defendió el abogado del Estado, Edmundo Bal, para quien «no han surgido nuevos elementos durante el juicio que aconsejen la declaración» de Mariano Rajoy. «No ha aparecido ninguno, no han cambiado las circunstancias que determinaron la decisión inicial» de no citar al jefe del Ejecutivo, sostuvo la Abogacía del Estado. El PP, personado en la causa como partícipe a título lucrativo, se opuso también a la petición de comparecencia de Rajoy al considerarla una diligencia «enormemente perturbadora, con finalidad espuria y extraprocesal», según afirmó el letrado del partido, Jesús Santos, que precisó que el cargo de vicesecretario de asuntos electorales que Adade atribuye a Rajoy «ni siquiera existe en los estatutos del PP».

Pese a estos pronunciamientos, el tribunal acordó finalmente citarlo como testigo por una mayoría de dos a uno. Rajoy se suma así a los cerca de 300 testigos llamados a declarar en esta causa, entre los que están Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja.

Tras conocer la decisión, fuentes del Ejecutivo reiteraron que el Gobierno nunca valora decisiones de los jueces y mostraron la disposición de Ejecutivo a colaborar con la Justicia, «como no puede ser de otra manera».

La comparecencia podrá ser por videoconferencia solo si lo autorizan los magistrados

El presidente del Gobierno no podrá prestar declarar por escrito, dado que esta posibilidad, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo está contemplada si su testimonio se refiere a hechos conocidos por razón de su cargo de jefe del Ejecutivo. La prerrogativa de declarar por escrito cuando se trata de hechos relacionados con su cargo se extiende a los presidentes del Congreso y el Senado, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y los presidentes de las comunidades autónomas. Pero, en este caso, Rajoy declarará por hechos que se refieren a su cargo como dirigente del PP, y no como presidente del Gobierno, y que sucedieron entre los años 1999 y el 2005, antes por tanto de que llegara a la presidencia.

Mariano Rajoy tendrá que declarar por ello de forma oral, aunque quedará a criterio del tribunal si deberá hacerlo asistiendo físicamente a la sala donde se celebra la vista oral o si podrá declarar por videoconferencia desde su despacho en el palacio de la Moncloa o en la propia sede del PP. La declaración presencial, bien en la sala o por videoconferencia, es imprescindible para respetar el llamado principio de contradicción de la prueba. La ley solo establece que la declaración de un presidente del Gobierno como testigo en un juicio debe hacerse «de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo».

Un caso sin precedentes

La citación como testigo en una vista oral de un presidente del Gobierno en activo no tiene precedentes en España. El exjefe del Ejecutivo socialista Felipe González declaró en 1991 por el caso GAL, pero al tratarse de la fase de instrucción pudo hacerlo por escrito. González fue citado a declarar después por el Tribunal Supremo como testigo en el caso del secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL. Y compareció en la sala del tribunal. Pero este juicio se celebró ya en el año 1998, cuando González había abandonado la presidencia del Gobierno. El también jefe del Ejecutivo con la UCD Adolfo Suárez también fue citado a declarar como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Banesto.

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