Pretende utilizar el centenar de medidas del acuerdo aceptables para los socialistas como base de sus medidas legislativas
03 nov 2016 . Actualizado a las 18:42 h.Mariano Rajoy se refirió en varias oportunidades durante el pasado debate de investidura al pacto del PP con Ciudadanos como uno de los ejes de su acción legislativa. El presidente del Gobierno pretende que las cien medidas de ese acuerdo que el PSOE comparte sean el grueso de su primer paquete legislativo con la finalidad de atar a los socialistas con iniciativas de fácil digestión.
El pacto firmado el 28 de agosto entre los populares y el partido liberal consta de 150 puntos, de los que, según Rivera, cien ya figuraban en el documento acordado con el PSOE en febrero pasado para la investidura fallida de Pedro Sánchez. Los socialistas aceptan, a regañadientes, que hay similitudes entre ambos acuerdos, pero discrepan de aspectos, como la financiación de las medidas, aunque también reconocen que el entendimiento sobre esa base política no es imposible.
Los populares quieren agarrarse a estas coincidencias para dar visibilidad a un entendimiento a tres bandas que proporcione la estabilidad que Rajoy ansía y a la que, como advirtió en el debate, condiciona la duración de la legislatura. Un escenario en el que el PSOE no se siente cómodo, pero ante el que poco puede oponer.
La operación que maduran en la Moncloa tiene, sin embargo, un banco de pruebas previo que puede condicionar el ulterior desarrollo del acuerdo. Se trata del cumplimiento por parte del Gobierno del punto seis del pacto con Ciudadanos, que recoge el compromiso de revisar la amnistía fiscal del 2012 para que todas las cantidades de dinero regularizadas tributen al 10 %, como estaba previsto para recaudar 2.500 millones de euros, y no al 3 %, como al final se hizo por las distintas interpretaciones tributarias de la norma y con las que Hacienda ingresó 1.196 millones, casi 1.300 millones menos.
Con la ejecución de esta medida del pacto con Ciudadanos, la Agencia Tributaria debería recaudar al menos mil millones de euros, pero tiene un problema adicional, la fecha de caducidad del 30 de noviembre. No es un día elegido al azar, es ese porque es cuando prescriben los cuatro años desde la presentación de la mayoría de las declaraciones.
Será uno de los primeros escollos que deberá salvar el nuevo Ejecutivo de Rajoy, que sabe que la geometría variable con el PSOE y Ciudadanos, o con ambos a la vez, y la colaboración ocasional del PNV son los únicos mimbres que tiene para construir el cesto de la legislatura. La Moncloa considera viable esta estrategia porque ya existe un consenso entre los tres partidos para abordar con disposición pactista asuntos de mucho calado, como el acuerdo de Estado por la educación, la reforma de la ley de contratos públicos para dotarlos de mayor transparencia, la renovación del sistema de financiación autonómica o la ratificación del acuerdo antiterrorista. Una agenda legislativa más que suficiente para echar a andar.
Aunque antes habrá que pasar por el peaje del techo de gasto y los Presupuestos del Estado, en los que los populares no esperan un apoyo incondicional, sobre todo por parte socialista, pero sí una actitud responsable para que evitar que ambos proyectos sean devueltos al Gobierno. De darse esa situación, advierten en el PP, Rajoy podría replantearse sus intenciones de agotar la legislatura. Pero los populares no creen que esta vaya a ser la tónica de la legislatura, al menos en sus primeros compases, porque al que menos convienen unas nuevas elecciones es al PSOE.
El presidente del Gobierno confía en, además de tejer una cierta complicidad con los socialistas, que tendrá la de Ciudadanos, para hacer frente al reto de la Generalitat de Cataluña con sus planes de celebrar un referendo sobre la independencia dentro de diez meses.