Correa: «Dejamos de trabajar para el PP de Rajoy al fichar al secretario de Aznar»

Admitió la financiación irregular de campañas de los populares entre el 2003 y 2004


madrid / colpisa

«He dormido poco haciendo memoria sobre determinados asuntos». Francisco Correa, menos fresco y más olvidadizo, siguió confesando ayer algunos de los hechos delictivos que le imputa la Fiscalía en el macrojuicio por la primera época del caso Gürtel (1999-2005). El cabecilla de la trama corrupta entró en la sala de vistas de la Audiencia Nacional con ganas de revelar nuevas cosas y matizar otras que dejó a medias el jueves. Fueron tres horas de interrogatorio de la fiscal, tiempo suficiente para relatar los «verdaderos motivos» por los que rompió con el PP de Mariano Rajoy y negar la implicación del exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos.

De forma previa, Correa quiso matizar al tribunal un «asunto importante». El jueves afirmó que la «química» con la dirección nacional del PP se rompió tras la llegada a la presidencia del partido de Mariano Rajoy en el 2004. Circunstancia que dejaba a Rajoy como la persona que cortó de raíz con el empresario. Pero ayer aseguró que «no dejamos de trabajar con el PP porque se fuera (José María) Aznar y llegara Rajoy». «Lo que pasó realmente, dijo, es que yo fiché al secretario personal de Aznar, Antonio Cámara, a través de la mediación de Alejandro Agag (yerno del expresidente del Gobierno e «íntimo amigo» de Correa). Cámara tenía problemas graves con Rajoy y con el PP. Estuvo un año trabajando con nosotros, pero tenía una relación fatal con ellos y por eso se rompió todo», declaró.

Correa continuó su relato admitiendo la financiación irregular de campañas electorales del PP -municipales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo de 2003 y 2004-, así como el cobro de comisiones referidas a la intermediación a favor de los intereses del grupo Ros Roca. Para ello la fiscal incidió en el papel de dos mercantiles del grupo, Spinaker S.L., creada en el año 2000 para canalizar los ingresos procedentes de la organización de las citadas campañas, en la que compartían beneficios, entre otros, Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda; y la sociedad Rialgreen S. L., la cual tenía como actividad económica principal la gestión de la organización de esas citas electorales.

El dinero obtenido por los «socios» lo apuntaba el contable de Correa en papeles y archivos informáticos. Unos indicios que después aparecerían en el famoso lápiz de memoria incautado en un despacho, clave en el devenir de la investigación judicial. La fiscal le preguntó a Correa sobre las siglas de esos apuntes. «L.B., Luis Bárcenas; J.M., Jesús Merino, J.S., Jesús Sepúlveda y P.A.C?pues no lo sé», dijo un pensativo Correa. «¿Entonces quién es P.A.C.?», le requirió la acusadora a Correa. «Solo sé que PAC no es Paco Cascos (Álvarez-Cascos), pero quizá podría ser Pablo Crespo», mano derecha del acusado confeso.

Aguirre a escena

Correa también señaló ayer a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, de la que dijo que intervino en la adjudicación de dos parcelas propiedad del Ayuntamiento de Majadahonda, que acabó adquiriendo la empresa Sacyr Vallehermoso por «21.000 millones de pesetas». Correa afirmó que en un principio las dos parcelas pertenecientes al Ayuntamiento de Majadahonda iban a ser traspasada a la empresa Patrimonio Municipal de Majadahonda S.A. por 700 millones de pesetas. Este es, según Correa, el «origen» del caso Gürtel, ya que las discrepancias sobre la forma de vender estos terrenos provocaron la salida del consistorio del exconcejal y denunciante del caso José Luis Peñas. Ahí se inicia una «guerra interna» dentro del partido para que estos terrenos no salgan a concurso público», destacó. «Aguirre les obligó a que no los adjudicaran», hasta que Peñas se queda fuera y entonces se «vuelven a licitar», según Correa.

Asegura que cobró de constructoras comisiones por contratos de ministerios

Durante el interrogatorio de ayer, Correa identificó a las empresas que les dieron comisiones a cambio de obra pública. «Son pagos por éxito. Muchas de las obras que gestionábamos con Bárcenas se perdían, pero si se adjudicaban nos daban comisión. Son grandes compañías como OHL, ACS y Dragados para contratos de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente», reveló Correa. Unos departamentos que entonces dirigían el propio Álvarez-Cascos y el expresidente de Baleares Jaume Matas. Ambos declararán como testigos en el macrojuicio.

En este contexto, Correa aseguró en la sesión del jueves que la caja B de su grupo empresarial se nutría precisamente de las comisiones del 2-3 % de empresarios privados y que la fórmula del éxito era aprovechar la influencia política y empresarial que tenían él y Bárcenas. Del dinero obtenido, parte se lo quedaba Correa y otra se la daba al extesorero para el PP. Esta afirmación del acusado confeso no tendrá, inicialmente, efectos directos en otros procedimientos, porque el juez instructor Pablo Ruz y la sala de la Audiencia Nacional ya levantaron la imputación en la causa de la caja B del PP a algunos de los empresarios que aparecían en los papeles de Bárcenas como donantes del partido, entre ellos Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL. ACS y OHL, citadas por Correa, anunciaron ayer que se querellarán contra el líder de la trama corrupta por sus afirmaciones.

 

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