El juez procesa a Chaves y a Griñán por conocer y permitir el fraude de los ERE

Sostiene que «participaron del plan establecido» para eludir los controles legales


sevilla / colpisa

Un simple juez de instrucción de Sevilla asestó ayer el golpe más duro recibido por el PSOE en muchos años, y sobre todo al socialismo andaluz en sus dos décadas al frente del Gobierno autonómico. En un contundente auto de procesamiento, concluye que hay indicios más que suficientes para llevar al banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por conocer y permitir «un plan establecido» para eludir los controles a la hora de dar ayudas sociolaborales y «poner en riesgo el erario de la Junta de Andalucía».

Era un secreto a voces que el juez de refuerzo del caso ERE, encargado de instruir la parte más política de la trama, no enmendaría la plana al Supremo que tras oír a los exmandatarios andaluces estimó que había evidencias de delito. Según el auto dictado ayer, hay indicios de prevaricación administrativa continuada en el caso de Chaves y también de malversación en el caso de Griñán. Además son encausados otros 24 ex altos cargos de sus gobiernos durante el período 2001-2010. Entre ellos, los exconsejeros Magdalena Álvarez , Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo.

El juez ha sobreseído la causa para 24 ex altos cargos públicos, la mayoría de la última etapa, y se concentra en quienes formaban parte de la cúpula de Empleo, Economía o Hacienda en la década investigada. Quienes debían controlar las ayudas y quienes modificaban el presupuesto para engordar la partida de donde salía el dinero, la 31-L. El presunto fraude alcanzaría al menos los 854 millones de euros, según detalla el auto. El instructor concluye que los dos expresidentes y el resto de altos cargos procesados son responsables de generar, implantar, mantener e impulsar» entre 2000 y el 2011 un procedimiento específico para pagar ayudas sociolaborales que «eludían los controles establecidos y, a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtuvo fondos públicos y estableció el modo de gastar estos caudales públicos de manera discrecional». El juez entiende que las ayudas a empresas en crisis se debían haber tramitado como subvenciones excepcionales, visadas por el Consejo de Gobierno si excedían los tres millones, y no mediante transferencias de financiación.

Del fondo de reptiles al banquillo de los acusados

El procesamiento de dos expresidentes andaluces es tan solo la punta del iceberg de una macrocausa judicial que se instruye en los juzgados de Sevilla desde hace cinco años. Desde entonces, al menos cuatro jueces han conocido de las diligencias previas, que acumulan ya 270 imputados, más de 100.000 folios de sumario y numerosas incógnitas aún no resueltas, entre ellas si acabarán prescribiendo muchas de las causas por las ayudas concedidas de manera irregular por la dilatada instrucción judicial.

Fondo de reptiles. Las alarmas saltaron a comienzos del 2011 cuando trascendió que el que fuera director general de Empleo de la Junta de Andalucía entre 1999 y el 2008, Javier Guerrero, declaró ante la Policía Judicial que investigaba el caso Mercasevilla que el pago de ayudas para las prejubilaciones era un tema «no regulado». Estas ayudas, en vez de tramitarse como «subvenciones excepcionales» ?que requieren el visto bueno del Consejo de Gobierno si son superiores a 3 millones de euros?, lo adjudicaban con cargo a «un fondo de reptiles para crisis» regulado con un procedimiento distinto desde el 2001. Una «masa económica para las crisis que tenían que afrontar empresas que necesitaban respirar» dotada inicialmente con 647 millones de euros.

Alaya toma las riendas. La jueza Mercedes Alaya fue la que tiró del hilo para descubrir que las deficiencias se remontaban a una década antes y que estaban amparadas por una decisión voluntaria del propio Ejecutivo andaluz para agilizar la entrega de las ayudas y, de paso, evitar conflictos laborales y garantizar un nuevo Gobierno socialista al frente de la Junta.

El último escalón. La jueza Alaya inició entonces su peculiar pulso con el Gobierno andaluz. Lo hizo con la reclamación a la Junta de las actas de todos los Consejos de Gobierno desde el 2002, inicialmente secretas. Desde el primer momento defendió la existencia de una directriz en el seno del Ejecutivo para amparar y promover el procedimiento de pago de ayudas al margen de cualquier control.

En sus autos, Alaya no dudó en apuntar que iba «subiendo escalones en la pirámide» del poder, mientras que el Ejecutivo regional y el PSOE-A limitaban el escándalo a unos «cuantos golfos» encabezados por Guerrero. Uno a uno, Alaya fue cercando a los ex altos cargos de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, hasta que en agosto del 2014 soltó la bomba y elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo al haber hallado indicios de la participación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la implantación del sistema inadecuado para pagar las ayudas. 

Las otras tramas

La parte que afecta a cúpula del Ejecutivo regional es tan solo una de las muchas líneas de investigación que se siguen, aún en fase de investigación y afectan también a sindicatos, empresas y abogados.

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