La gran farsa


El gran fraude en que ha derivado el proceso poselectoral del 20D se consumó con una traca final en forma de extemporánea propuesta de pacto. Como si no hubiera habido tiempo en cuatro meses, se torpedea una vez más la ronda de consultas del rey con una oferta de negociación sin sentido y sin recorrido. Nunca antes los partidos habían minado de tal manera el camino del monarca en el proceso de investidura. Un campo de minas que Felipe VI ha sorteado con rigor y escrupuloso respeto a la Constitución. Una actitud ejemplar si se compara, por ejemplo, con la del expresidente portugués Cavaco Silva en un proceso similar. Y lo único positivo de la farsa en que los partidos han convertido el proceso negociador.

Fraude y farsa. Ese es el resumen de estos cuatro meses. Un fraude porque los partidos han hecho caso omiso del mandato de los españoles en las urnas y nos han engañado con un teatrillo negociador en el que no ha habido verdadera voluntad de encontrar acuerdos. Es decir, una gran farsa que se ha prolongado durante cuatro meses. La conclusión es que durante todo este tiempo dos no han querido, el PP y Podemos, y los otros dos no han podido. Y la consecuencia es que han tirado por el retrete el voto de 25 millones de ciudadanos. Porque la democracia española es una democracia parlamentaria que no prevé una segunda vuelta electoral. Porque el 26J serán unas nuevas elecciones, no una segunda vuelta, aunque haya quien, fraudulentamente, haya querido llegar a ellas para intentar conseguir lo que no logró el 20D, uno la mayoría perdida, otro el sorpasso soñado. Y es parlamentaria, los ciudadanos eligen no un presidente, sino un Parlamento que elige al presidente. Están obligados por ello a negociar, y a hacerlo con la fuerza, mucha o poca, que le dan los votos. Que es lo que, en democracia, da y quita, o al menos matiza, la razón. Por eso, se pueden buscar mayorías alternativas, pero si no se tiene capacidad para conseguirla, debe dejarse que alguien con mayor fortaleza lo haga. Lo que no se puede es despreciar el mandato popular, que es lo que han hecho, con distinto grado de responsabilidad, los partidos al provocar unas nuevas elecciones seis meses después de las anteriores.

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