Un juez declara responsable civil subsidiario a la Junta en una causa por los cursos de formación
ESPAÑA
El gobierno autonómico andaluz podría tener que hacer frente al pago del dinero defraudado en el caso de que haya una sentencia condenatoria
29 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que se encarga de la investigación de una causa por el presunto fraude en los fondos para los cursos de formación subvencionados por la administración autonómica, ha declarado a la Junta de Andalucía responsable civil subsidiaria, lo que implicaría que se le podría condenar a pagar el dinero defraudado.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han informado que, en un auto del 22 de marzo, el juez resuelve la petición de personación en la causa que la Junta realizó en abril del 2015. Inicialmente se aceptó la personación, pero no se aclaraba si era en calidad de perjudicada o de responsable civil subsidiario, algo que se ha determinado a raíz de las declaraciones en sede policial de los últimos detenidos en el marco de la operación Duende.
Por otra parte, el PP-A, personado como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha recurrido el auto en el que la jueza María Núñez Bolaños archivó la causa abierta el 6 de febrero del 2015 por su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya, contra 12 imputados por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos toda vez que han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra los implicados.
Petición de Anticorrupción
En un auto dictado el pasado día 15 de marzo, la jueza archivó el procedimiento contra estas doce personas -una ya fallecida -atendiendo así la petición de archivo realizada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo del 2015 y los razonamientos expuestos por la Audiencia Provincial de Sevilla en el auto de 9 de marzo del 2016 donde declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte.