Todos los grupos de la Cámara, menos el PP, plantean el conflicto de atribuciones, que puede ir al tribunal
24 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La indignación del Congreso es casi unánime. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y sus aliados electorales -UPN y Foro- dieron ayer el primer paso para llevar al Gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional por su negativa, inédita en democracia, a que el presidente y sus ministros se sometan al control de la Cámara baja.
Los representantes de PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra, Democracia i Llibertat (antigua Convergència), PNV, IU, Compromís y Coalición Canaria -que en conjunto suman las dos terceras partes del hemiciclo- registraron ayer el documento de 14 páginas que servirá para que el Congreso dé su ultimátum al Ejecutivo en este «grave conflicto institucional», como lo bautizó el presidente de la cámara, Patxi López.
El pleno, como exige la mecánica del «conflicto de atribuciones» ante el Constitucional, comunicará entre el 5 y el 7 de abril al Gobierno que considera violadas sus competencias y la división de poderes por la negativa del presidente y sus ministros a dar cuenta de sus actos e informar al Congreso y le emplazará a una rectificación inmediata.
Un mes de plazo
Si en un mes el Ejecutivo se reafirma o ignora la comunicación, la Cámara ya podrá exigir al tribunal que actúe para obligar al Gobierno a respetar sus atribuciones. Dados los plazos, este recurso lo interpondrá el pleno, si ya hay nuevo Gobierno, o la diputación permanente, si tras el 2 de mayo se disuelven las Cortes para la repetición de elecciones.
El escrito registrado ayer por la oposición es la base del futuro recurso, pues rebate con detalle los argumentos del Gobierno para negarse al control, que fundamentalmente son dos: que la Cámara no puede controlarlo porque no tiene su confianza sino la del Parlamento anterior y que tiene vedada la iniciativa política por estar en funciones, por lo que solo es responsable de sus actos administrativos ante los jueces.
La mayoría del Congreso mantiene que ni la Constitución ni la ley pone limitaciones al control político del legislativo que, a diferencia del Ejecutivo, no está en funciones; y que la base y razón de esta fiscalización y dación de cuentas no es la confianza política recibida en la investidura sino que las Cortes representan la soberanía popular, como lo demuestra que el Senado también controle al Gobierno aunque no lo nombre. Es más, defienden que el control debe ser «aún mayor» a un Ejecutivo en funciones, que toma decisiones que afectan al Estado y a los ciudadanos careciendo ya de confianza frente a un Parlamento recién renovado y que la tiene completa.