Advertidos 21 altos cargos de que serán responsables, incluso penalmente, si desobedecen
12 nov 2015 . Actualizado a las 09:08 h.Solo duró 48 horas. Como estaba previsto, el Tribunal Constitucional suspendió ayer por unanimidad la resolución que el Parlamento catalán aprobó el lunes para iniciar la desconexión con España e instaurar una república independiente. El pleno del órgano de garantías aceptó a trámite la impugnación presentada por el Gobierno, que contaba con el aval del Consejo de Estado, lo que supone su suspensión automática y la anulación de todos los efectos que produzca.
Mariano Rajoy se mostró «muy satisfecho» por la rapidez de la respuesta, lo que a su juicio «demuestra la fortaleza de nuestras instituciones, la solidez de nuestra democracia y el imperio de la ley en España». Por su parte, el Gobierno catalán, a través de su vicepresidenta, Neus Munté, expresó su «voluntad» de aplicar la resolución, lo que significaría desobedecer al tribunal y mantener el desafío al Estado.
Apercibimiento
El pleno del tribunal acordó también aceptar la propuesta del Gobierno de comunicar personalmente la resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a los demás miembros del consejo de gobierno. Además, les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. En total, 21 cargos públicos a los que coloca en el punto de mira como máximos responsables de cualquier incumplimiento. Es la primera vez que se produce una notificación personal en este tipo de recursos.
El Tribunal Constitucional no les apercibe expresamente, como pretendía el Gobierno en su recurso, de que pueden ser suspendidos en sus funciones de acuerdo con la reforma de la ley orgánica del Constitucional recientemente aprobada con los únicos votos del PP. Pero fuentes jurídicas señalan que la suspensión de funciones entra dentro de las responsabilidades que tendrían que asumir en caso de desobediencia al tribunal.
Cinco meses
También pretendía el Gobierno que impusiese a Carme Forcadell, a los miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento catalán la prohibición expresa de admitir a trámite, ya sea para su toma en consideración, ya para su debate o votación, iniciativa alguna de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida; y al presidente Mas y su consejo de gobierno la prohibición de promover iniciativa legislativa o de dictar norma de rango reglamentario o de realizar cualquier otra actuación con la misma finalidad. La providencia del alto tribunal no entra a detallar qué iniciativas supondrían desobedecer la resolución suspendida.
El Constitucional dispone de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión. Dado el precedente de lo que sucedió con la declaración soberanista del Parlamento catalán de enero del 2013 es prácticamente seguro que el tribunal la declarará inconstitucional.