Primer paso del desafío total al Estado

Los independentistas tratan de imponer la «desconexión» con el resto de España frente a un Gobierno dispuesto a utilizar todo el arsenal jurídico de que dispone para impedirlo


madrid / la voz

El Parlamento catalán aprobará hoy la resolución pactada por Junts pel Sí y la CUP que da inicio al proceso secesionista y llama a la desobediencia de las leyes españolas. Lo que equivale a una declaración unilateral de independencia de facto. Los independentistas harán valer su mayoría absoluta de escaños para seguir adelante con su hoja de ruta, que supone la «desconexión» con el Estado español, pese a haber perdido el plebiscito en que ellos mismos convirtieron las elecciones autonómicas, ya que no llegaron ni al 48 % de los votos. Su objetivo es completar el proceso de separación en un plazo de 18 meses.

Se trata de un desafío total al Estado y a la Constitución, que está provocando una crisis institucional sin precedentes. Políticos como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el exvicepresidente Alfonso Guerra o el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han coincidido en calificar como golpe de Estado institucional o civil.

¿Qué dice la resolución independentista?

Declara el inicio del proceso para crear un Estado catalán independiente en forma de república, proclama la apertura de un proceso constituyente para establecer las bases de una constitución catalana, pide iniciar la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública en un plazo máximo de 30 días, llama a la desobediencia de la legislación española, especialmente de las decisiones del Tribunal Constitucional, e insta al futuro Gobierno a cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados del Parlamento autonómico.

¿Qué hará el Gobierno?

Impugnará inmediatamente la resolución ante el Constitucional, que lo admitirá a trámite, lo que supondrá su suspensión automática. Esto quiere decir que todos los actos que emanen de la misma serán nulos. Existe un precedente, la llamada declaración soberanista del 23 de enero del 2013, que no iba ni mucho menos tan lejos como la que se va a aprobar hoy, que consideraba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano. Primero fue suspendida tras la impugnación del Gobierno y posteriormente, el 24 de marzo del 2014, el tribunal dictó una sentencia por la que la declaraba nula e inconstitucional el principio de soberanía.

¿Qué sucederá si se desobedece la suspensión?

Los independentistas han dejado claro que no van a obedecer lo que dictamine el Constitucional. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señaló el viernes a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, como la máxima responsable política pero también jurídica de los posibles incumplimientos. El Gobierno está dispuesto a aplicarle la reforma del Tribunal Constitucional, que se aprobó hace un mes únicamente con los votos del PP, para inhabilitarla. El tribunal enviaría a Forcadell una notificación personal de su decisión de suspender la resolución secesionista para que quede constancia de su responsabilidad en caso de incumplimiento. Desde ese momento, Forcadell no podría realizar ningún acto que emane de la declaración aprobada por el Parlamento catalán. En caso de que desobedeciera, el propio tribunal, de oficio o a instancias del Gobierno, la requeriría para que diera explicaciones. Si transcurrido el plazo fijado se mantiene el incumplimiento, el TC la suspendería. También podría recabar la colaboración del Gobierno para que adopte las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de sus resoluciones.

¿El Gobierno podría aplicar el artículo 155 de la Constitución?

Sí, podría hacerlo ya porque con la aprobación de la resolución separatista se darían los dos supuestos que establece ese artículo, que una comunidad autónoma no cumpla la Constitución y las leyes o que actúe de forma que dañe gravemente el interés general de España. Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto L. Blanco Valdés, el momento de aplicarlo sería cuando el Parlamento catalán desobedeciera al Constitucional. El Gobierno quiere esperar lo más posible antes de acudir a la medida más extrema que existe en el Estado autonómico. La pata caliente quedaría para el próximo ejecutivo salido del 20D.

¿Por qué ha aceptado Artur Mas las exigencias de la CUP ?

Quiere ser presidente de la Generalitat a toda costa. Por ello, ha cedido a todas las demandas de la CUP, una formación antisistema en las antípodas ideológicas de su partido. Mas considera que su única posibilidad de repetir en el cargo pasa por otorgar a la CUP el trofeo de una resolución que va más allá de lo que recogía el programa de Junts pel Sí. Eso explica que el presidente, que ha sido campeón de los recortes haya aceptado añadir un anexo a la declaración para blindar derechos que supone desobedecer leyes españolas vigentes. Mas se juega su supervivencia política, acosado por el caso del 3 % que señala a CDC y por el escándalo de corrupción que implica a su padre político, Jordi Pujol, y su familia.

¿Será Mas presidente de la Generalitat?

De momento solo cuenta con el respaldo de su grupo, Junts pel Sí, que no llega a la mayoría absoluta que necesita para ser investido el martes. Si, como se espera, no la consigue se volverá a votar el jueves. Ya le bastaría con la mayoría simple (más votos a favor que en contra). A partir de ahí, se podrán ir celebrando votaciones hasta el 9 de enero, fecha límite. La CUP insiste en que no facilitará su investidura y va a proponer un candidato alternativo de CDC. En el caso de que ningún aspirante a la Generalitat lograra ser investido habría nuevas elecciones. De hecho, Mas ya trabaja en un plan B que contempla ir a las urnas en marzo, ya que no está dispuesto a dar un paso atrás.

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