¡A cañonazos!


Cualquier norma tiene siempre lagunas que hay que ir rellenando con el paso del tiempo. Y la del Constitucional no es una excepción. Pero que no esté regulada la ejecución de sus sentencias no quiere decir que puedan incumplirse alegremente. La prueba más evidente es que el Tribunal Superior de Cataluña ya tramita una querella contra Artur Mas por desobediencia al llevar adelante la seudoconsulta del 9N saltándose precisamente la prohibición del Constitucional. Es decir, ya hay mecanismos para cubrir las lagunas y exigir responsabilidades penales por incumplir las sentencias del Constitucional. Que, por otra parte, no es un tribunal al uso y, de hecho, no forma parte de la Administración de Justicia. Es esta la encargada de sancionar el incumplimiento de la ley, mientras que aquel es solo un tribunal de interpretación de las normas. Así ha venido funcionando desde hace 35 años sin problema alguno. De hecho, ni siquiera el Gobierno puede lanzar la primera piedra si hablamos de incumplimientos de decisiones del Constitucional. Dicho lo cual, es planteable una regulación del incumplimiento de las sentencias del tribunal. Pero no de esta forma. Porque no se pueden hacer leyes para un caso concreto ni se pueden imponer abusando de la mayoría absoluta ni se pueden elaborar con un procedimiento sumarísimo. Una cosa es perseguir a quien incumpla la ley, algo indiscutible y que ya se puede hacer con los instrumentos actuales, y otra bien distinta utilizarlo torticeramente con fines electoralistas, que tiene toda la pinta. Empezando porque sea el candidato, García Albiol, que no es diputado, quien anuncie la reforma. Matar moscas a cañonazos no es una buena estrategia política. Y, desde luego, no sirve para derrotar al independentismo.

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