La virtud de una buena decisión exige que, además de adecuada en su contenido, lo sea también en tiempo y forma. Cuando las que pretenden erradicar un mal se demoran en exceso, suele ocurrir que el daño ya es irreparable. Ha ocurrido con la respuesta al cáncer de la corrupción en general y, en este caso en particular, con la resistencia del rey, en especial el anterior, a utilizar el bisturí para extirpar un tumor que amenaza directamente a la Corona. Se comprende lo duro y desgarrador que resulta romper con un familiar directo, ya sea la hija o la hermana, pero una institución que representa al Estado no puede estar supeditada a ese tipo de lazos emocionales. Si así fuera, quedaría desacreditada e incapacitada para ejercer las funciones que tiene encomendadas.
Cristina de Borbón no puede ejercer papel alguno de representación de España y de los españoles. Las acusaciones que pesan sobre ella son suficientes para descalificarla. Pero incluso aunque fuera absuelta penalmente, su comportamiento personal, su aprovechamiento de lo público, su ignorancia de las leyes y hasta el desprecio con el que ha tratado al juez -comprensible en un ciudadano que intenta defenderse como puede, pero inaceptable en quien ejerce una cierta función pública- la incapacitan para formar parte de la familia real. Su negativa a renunciar a unos derechos dinásticos que moralmente ya no le corresponden demuestra que la Constitución debe ser modificada para que nadie pueda seguir al margen o por encima de la voluntad de los españoles.
El rey ha acertado en su enérgica decisión. Pero llega tarde y, además, es insuficiente.