Prevé convocar sesiones extraordinarias del Congreso en verano para sacar adelante normas pendientes y disolver las Cortes a finales de septiembre
04 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Mariano Rajoy ha dado instrucciones al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular de que aceleren al máximo el ritmo de trabajo del Congreso y el Senado para tener aprobada toda la agenda legislativa pendiente en las tres primeras semanas de septiembre y, así, tener las manos libres para disolver las Cámaras y convocar elecciones generales a finales de noviembre. El objetivo es que para el 21 de septiembre, la última semana de la campaña de las elecciones catalanas, si al final Artur Mas las convoca el 27 de ese mes, las Cortes hayan concluido todo el trabajo de la legislatura y tengan aprobadas las aproximadamente 38 leyes que ahora tienen en trámite y las al menos media docena que el Consejo de Ministros enviará en la primera quincena de mayo.
El presidente no tiene intención de adelantar las generales y piensa realizarlas cuando tocan, a los cuatro años de las celebradas el 20 de noviembre del 2011. Con este calendario, el trabajo en las Cortes no se reanudaría tras las autonómicas catalanas. Eso evitaría al Gobierno tener que remitir al Parlamento un proyecto de Presupuestos del Estado del 2016 que no hay tiempo de aprobar, pero que por mandato constitucional debe llegar al Congreso antes del 1 de octubre si no se han disuelto las Cámaras.
Aprobación por la vía rápida
De ser este el plan que aún no ha desvelado Rajoy pero que en el PP dan por hecho, el 22 de noviembre es la fecha más lógica para las generales. Permite convocarlas y disolver las Cámaras el 28 de septiembre, 54 días antes de las votaciones, como exige la ley. Otra posibilidad es el 29 de noviembre, pero entonces la convocatoria no se podría hacer hasta el 7 de octubre y obligaría a remitir el proyecto de cuentas para el 2016 o a prorrogar las actuales.
Los dos instrumentos que el Ejecutivo usará para completar un calendario tan exigente son la apertura de la Cortes varias semanas de julio y agosto, fuera del período ordinario que concluye en junio, y la generalización de la aprobación de leyes por la vía rápida eludiendo el debate y ratificación final en el pleno. El 76 % de las 38 leyes que en este momento se tramitan ya se han aprobado o se aprobarán en comisión. Este procedimiento está pensado para normas no muy complejas, pero el Gobierno lo ha convertido en regla general. Prácticamente solo siguen el mecanismo ordinario las normas de carácter orgánico, las que desarrollan derechos fundamentales o puntos básicos de la Constitución, que tienen obligado su paso final por el pleno del Congreso.
La idea inicial es que el Congreso trabaje en julio casi como un mes ordinario, con la celebración de dos plenos y reuniones en varias comisiones. En agosto todavía no está claro que sea necesario convocar algún pleno extraordinario, pero no se descarta. Lo que sí habrá es trabajo en comisiones. Bien para adelantar el debate de las enmiendas y dictámenes de las últimas leyes que se aprobarán en las tres semanas hábiles de septiembre, bien para dar luz verde a algunas normas ya completadas mediante la capacidad legislativa plena otorgada a estos órganos. La suma de ambas fórmulas permitirá que el Congreso eleve a diez u once los plenos a celebrar hasta el final de la legislatura, frente a los siete previstos, y, sobre todo, que se multipliquen las aprobaciones en comisión. Por si no fuera suficiente, algunos de los proyectos que han empezado a tramitarse lo hacen ya, además de por la vía rápida, por el procedimiento de urgencia.
Apoyo en Mali a la lucha contra el terrorismo
El presidente Mariano Rajoy aseguró ayer que España está en Mali «defendiendo los derechos, las libertades y la seguridad de todos los españoles», durante su visita a las tropas desplegadas en este país, en el que España tiene más de 160 militares, encuadrados dentro de la misión europea de adiestramiento al Ejército maliense en la lucha contra el terrorismo yihadista. foto d. crespo EFE