El informe se muestra contrario a la definición de usuarios de la vía que realiza la DGT, y que puede abarcar a conductores de vehículos y peatones, obligando a estos a realizar pruebas de alcohol y drogas cuando se hallen implicados en un accidente o cometan una infracción. A su juicio, esta conclusión es «insostenible», pues los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución se verían dañados «por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones». Alega que, de llevarse a cabo, «los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente». Del mismo modo, quien tome medicinas que contengan codeínas, benzodiacepinas u opiáceos, que darían positivo en el test de drogas y solo «podrían aventurarse a salir de casa con las correspondientes recetas médicas».