Cerrar el modelo territorial

Los especialistas señalan que deberían delimitarse de forma clara las competencias en un Estado autonómico que de hecho ya es federal


madrid / la voz

Someter a revisión el título VIII de la Constitución, que se refiere a la organización territorial del Estado, cuando haya oportunidad, es algo en lo que coinciden los expertos. Para Joaquín Varela, es un «aspecto esencial» de una futura reforma. Yolanda Gómez estima que «es la cuestión más complicada y a la vez ineludible» si se acomete, y señala que hay que partir de la premisa de que «la independencia no es una alternativa jurídicamente viable».

Susana Beltrán y Josu de Miguel Bárcena explican que la esencia de nuestro Estado Constitucional se establece en el artículo 2, que proclama la indisoluble unidad de España y garantiza a la vez la autonomía de sus regiones y nacionalidades, y en el 1, que señala que la soberanía nacional reside en la ciudadanía española. «En ningún caso significa el derecho a decidir su secesión», afirman.

El Estado autonómico se ha ido convirtiendo, mediante el desarrollo legislativo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las prácticas políticas en un Estado federal, lo que debería recogerse expresamente en la ley fundamental, como destaca Joaquín Varela. Coincide con Blanco Valdés en que debe eliminarse el artículo 150.2, que ha permitido mantener abierto el proceso de transferencias de competencias del Estado a las comunidades autónomas al arbitrio de las insaciables demandas nacionalistas.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago afirma que debería cerrarse el modelo territorial de una vez, delimitando claramente la distribución de competencias, lo que se podría hacer designando las que corresponden al Estado y dejando las demás a las autonomías. En su opinión, habría que corregir la descentralización para que funcionase mejor y costase menos, eliminando las duplicidades y mejorando la cooperación política y la coordinación administrativa.

Complejidad y confusión

Santiago Muñoz Machado sostiene que el título VIII tiene «muchos preceptos insuficientes, oscuros y no contiene la definición de elementos esenciales como qué significa competencia exclusiva o qué ocurre cuando la legislación del Estado y la autonómica colisionan». Beltrán y De Miguel destacan que existe un gran complejidad y confusión en nuestro sistema de competencias, que se clasifican en exclusivas, concurrentes y compartidas, lo que ha generado indefinición para determinar cuáles corresponden al Estado y a las autonomías. Por ello, es preciso clarificar el sistema competencial.

Meilán tiene una visión particular del asunto. Señala que «la reforma del Estado autonómico está en el centro de la urgencia reformista por la deriva secesionista». Lo primero que hay que plantear es qué se quiere reformar, si el «café para todos» con 17 asambleas o lo que dice la Constitución, que en su opinión se ha vulnerado. Asegura también que el Estado unitario con singularidades de la Carta Magna es ya un Estado federal, por lo que «la propuesta federalista es mero nominalismo y para el asunto catalán resulta insatisfactoria». Para Meilán, se ha utilizado de forma fraudulenta el artículo 150.2, porque, en su opinión, no permite transferir las competencias del Estado a las autonomías, sino solo facultades.

Joaquín Varela mantiene que la reforma debería «contener algunos principios asimétricos» y reconocer «con mayor rotundidad que ahora la singularidad de Cataluña, así como el carácter plurinacional de España, sin perjuicio de su unidad política y de reafirmar el poder constituyente del pueblo español». Mejorar su financiación, como la del resto de comunidades, pero no otorgarle un concierto como el vasco y el navarro, porque sería económicamente insostenible para España. Meilán considera que la singularidad catalana no puede negarse, por lo que defiende que haya «un nuevo soporte constitucional que permita el adecuado desarrollo estatutario» que pueda ser aceptado por todos los españoles.

Blanco Valdés es tajante: la reforma que requiere el modelo territorial de más cooperación y coordinación va en sentido opuesto a las reclamaciones nacionalistas, que en todo caso están ya por el secesionismo.

Varela coincide en que no se darían por satisfechos con «una mayor federalización del Estado». Pero añade que muchos catalanes que, sin ser independentistas, no estén conformes con el modelo territorial vigente «podrían sentirse más satisfechos con una mayor federalización del actual Estado, en el que la singularidad de Cataluña se viera más y mejor reconocida». La propuesta que hace Muñoz Machado en su libro Cataluña y las demás Españas es reformar el Estatuto catalán y en paralelo la Constitución para que fuera encajable en la misma.

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