La nueva Ley de Seguridad sale del Congreso entre protestas y solo con el apoyo del Partido Popular

Atlas

El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana ha pasado su trámite en el Congreso con el único apoyo del PP y el rechazo en bloque de la oposición, al que se han sumado protestas para escenificar que se trata de una norma «mordaza» que pretende «acallar» la protesta ciudadana. Ante la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha asistido al debate desde el banco azul del hemiciclo, todos los grupos parlamentarios salvo los populares han votado en contra del proyecto, que ahora tendrá que superar el trámite parlamentario del Senado antes de su aprobación definitiva.

No han faltado en el debate los «incidentes». Así, el presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, ha tenido que pedir por dos veces a siete diputados de la Izquierda Plural que se despojaran de las mordazas blancas con las que se habían tapado sus bocas para expresar gráficamente su rechazo al texto, aprobado por 181 votos a favor y 141 en contra.

Además, cuando empezaba la intervención del portavoz del PP, Conrado Escobar, se ha podido escuchar desde la tribuna de invitados La canción del pueblo, de la obra Los Miserables, interpretada por mujeres del grupo Solfónica, a las que Posada ha ordenado expulsar del hemiciclo.

Fernández Díaz, que no ha podido quedarse a la votación porque tenía que acompañar a los reyes a un acto en Barcelona, ha oído por boca de los portavoces de la oposición las razones que les han llevado incluso a anunciar la derogación de la ley si el PP no repite en La Moncloa en la próxima legislatura. «La calle no es suya. Ya sé que lo aprendió en otra época, pero es una desmesura», le ha dicho al ministro el portavoz del PSOE, Antonio Trevín, para quien la ley es una «vuelta al estado policial» y ha acusado al PP de querer cercenar las libertades políticas y civiles con la «coartada» de la seguridad. La socialista ha reprochado al PP que pretenda utilizar a los policías y guardias civiles en el control de la población, con «la ingrata obligación de ser la mordaza». «No les devuelvan a un pasado que han superado con brillantez innegable», ha rogado el diputado socialista.

Por CiU, su diputado Feliu-Joan Guillaumes ha expresado su rechazo a lo «más escandaloso» de esta ley: la enmienda introducida por el PP para legalizar las devoluciones en caliente. «Cuando alguien pone un pie en territorio soberano de un país que se proclama democrático, es ya una persona sujeta a derechos».

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha sido tajante al afirmar que el Ejecutivo resucita con esta ley «el viejo tribunal de orden público» e instaura una nueva jurisdicción administrativo-penal con el ministro del Interior de «magistrado». Ha aprovechado para hacer un llamamiento a los agentes a que «si tienen que desobedecer órdenes» por razones humanitarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, lo hagan, y ha insistido en la «barbaridad legal» de lo que hoy el PP ha aprobado.

Igualmente, Toni Cantó, de UPyD, ha censurado al PP por haber «errado una vez más el tiro» y poner «bajo sospecha» a los ciudadanos cuando son los gobernantes los que lo están.

Mientras, Emilio Olabarria, del PNV, ha considerado que el texto es «difícil de defender» y ha acusado al ministro de practicar una «resistencia numantina» con la legalización de las devoluciones en caliente, rechazadas por organismos internacionales y los convenios de derechos humanos, como también ha recordado la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.

Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, no ha ahorrado críticas al «estado de excepción encubierto» que para él representa esta ley y que da «cobertura a las tropelías» políticas del Gobierno, mientras que Joan Tardà, de ERC, ha calificado el proyecto de una «escapada hacia la locura política y al estado autoritario que no tiene freno» dando «barra libre» a la Policía para que actúe como juez.

Una «auténtica espiral de restricciones de las libertades fundamentales» es para Rosana Pérez, del BNG, el texto, que es «innecesario e inútil» a juicio de Joan Baldoví, de Compromís, y que solo piden los que «añoran el tiempo del silencio de los corderos».

Solo el PP, por boca de Conrado Escobar, ha defendido un texto «vanguardista» en la protección de derechos y libertades en el que se ha antepuesto «la responsabilidad a la comodidad, el interés general al desgaste y la obligación a la pasividad». «Todos contra el PP. No nos importa, porque nos asiste la razón y hacemos nuestro el compromiso con el más importante de los principios: el de la libertad», ha concluido Escobar.

Una ley polémica

Las protestas durante la jornada de aprobación no son nuevas. Desde la presentación de su primer borrador hace ahora algo más de un año, la Ley de Seguridad Ciudadana ha estado envuelta en polémica por las quejas suscitadas entre partidos políticos y colectivos sociales, que la bautizaron como «Ley Mordaza». Entre los planes iniciales del Ministerio del Interior se incluía sancionar con hasta 600.000 euros -la multa más alta- a quienes participasen en protestas ante el Congreso de los Diputados sin la autorización de la Delegación del Gobierno. No obstante, esta medida fue posteriormente matizada en el articulado, que ha experimentado numerosos cambios, incluso antes de ser presentada como anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros. Los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal también manifestaron sus reticencias a algunas de las cuestiones que contemplaba la Ley.

La nueva ley fue remitida al Congreso de los Diputados el pasado julio y en una tramitación parlamentaria que la oposición denunció por acelerada se presentaron hasta nueve enmiendas a la totalidad -que fueron rechazadas por el PP- y 250 enmiendas parciales -de las cuales los populares dicen haber asumido 80-.

Por su parte, entre las enmiendas introducidas a esta Ley el PP aprovechó para introducir una disposición transitoria que modificaba la ley de Extranjería con el fin de legalizar la figura del «rechazo en frontera» de inmigrantes de Ceuta y Melilla. Al optar por este camino, se ahorró los informes de los órganos consultivos que habrían sido imprescindibles en el caso de que la modificación hubiera estado en la redacción del proyecto de ley.

Finalmente un total de 33 infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana han sido modificadas (14) o directamente eliminadas (19) desde que el Gobierno presentase el anteproyecto del texto en el Consejo de Ministros. Teniendo en cuenta que el primer anteproyecto contenía un total de 58 infracciones entre leves, graves y muy graves, los retoques y eliminaciones afectan a casi un 57 %, más de la mitad. Además se han introducido seis nuevas faltas por lo que finalmente la ley tendrá 45 infracciones, según el último borrador del articulado con el que han trabajado los grupos parlamentarios al que ha tenido acceso Europa Press.

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