Los expertos consideran que Rajoy debería haber ido más lejos, ven vagas e imprecisas algunas medidas y reclaman más medios contra esta lacra
28 nov 2014 . Actualizado a las 13:22 h.La medidas que defendió ayer Mariano Rajoy para luchar contra la corrupción suponen un avance, pero son claramente insuficientes y deberían completarse con otras que resultan imprescindibles. Así se manifiestan los expertos consultados por La Voz, que proponen algunas de las que se tendrían que adoptarse con carácter de urgencia. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra Andrés Betancor va más allá: «¿Realmente alguien piensa que la corrupción en España se combate con más leyes? Lo que se necesitan son más medios».
¿Son un avance las medidas de Rajoy?
Sí. «Hay tanto por hacer que no pueden despreciarse las medidas que pueden mejorar algo la situación», afirma Fernando Jiménez, especialista en lucha contra la corrupción y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. «Menos es nada», señala Juan Carlos Galindo, especialista en prevención en blanqueo de capitales y delitos de las organizaciones. Considera que, al menos, la sociedad ha empujado al Gobierno a hacer algo, aunque las medidas le parecen «cantos de sirena, sin definir, vagas y aportan poco». Pone como ejemplo la obligación de que los corruptos devuelvan el dinero. «¿Cómo, de qué manera?», se pregunta.
¿Son suficientes para luchar efectivamente contra la corrupción?
«Son claramente insuficientes», afirma Jiménez. «No van a paliar de forma decisiva el problema y, en este sentido, son tremendamente decepcionantes». Para Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya, «en términos generales se puede considerar que las medidas propuestas serán suficientes siempre y cuando se apliquen adecuadamente y se destinen los recursos suficientes para garantizarlo». Advierte, sin embargo, de que «pueden haber algunas limitaciones». Por ejemplo, considera «necesario garantizar que un órgano como la Oficina de Conflictos de Intereses, que debe tener un importante papel en la prevención de la corrupción y en la detección de conflictos de intereses, como mínimo tenga la autonomía suficiente para poder hacer esta función sin ninguna interferencia que pueda afectar a su imparcialidad». También destaca que «la regulación propuesta de las puertas giratorias o de los grupos de presión deberían ser más estrictas». Galindo resalta que «faltan medidas de prevención, todas son a toro pasado, cuando el delito ya se ha cometido». Betancor es muy escéptico respecto a las medidas legales que se puedan adoptar contra la corrupción porque lo que se necesita son «más y mejores medios para la dotación de las instituciones encargadas de la persecución de los delitos: la Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía, los jueces, pero de esto no se quiere hablar». Asegura que «necesitamos un Plan Marshall contra la corrupción».
¿Cuáles son las más positivas y eficaces?
Jiménez destaca «el reforzamiento de las incompatibilidades, que habría que extender más allá de los altos cargos, aunque señala que «habrá que ver la letra pequeña y la capacidad y autonomía del órgano encargado de analizar las situaciones de incompatibilidad». También «la inclusión del delito de financiación ilegal de los partidos, por otro». Galindo resalta la modificación de la ley de partidos, aunque «habrá que esperar a su desarrollo».
¿Qué medidas harían falta más allá de las propuestas?
Galindo propone cuatro muy concretas. La fundamental es la prevención del delito en la Administración Pública, con especial énfasis en la local, que es un «foco continuo de corrupción». Además, la separación efectiva de los poderes del Estado, la supresión de todos los aforamientos; y establecer canales de denuncia que garanticen el anonimato de los delatores, que incluso podrían cobrar del Estado por hacerlo. Cerrillo, que al igual que Betancor formó parte de la comisión de expertos que expusieron sus medidas ante el Congreso, propuso allí la creación de la figura del «delator de corruptos», que promueven diferentes organismos internacionales como la OCDE o Transparencia Internacional, y ya ha sido adoptada en países como el Reino Unido o Luxemburgo. «Consiste en articular mecanismos ágiles para facilitar que aquellos que tienen conocimiento de un caso de corrupción o una situación en la que se dé un conflicto de intereses lo puedan poner en conocimiento de las instancias competentes para su investigación, garantizando que no sufrirán represalias de ningún tipo», explica.
Jiménez hace un reflexión más general. «Hay que generar una nueva cultura en los políticos y los partidos para que acepten la necesidad de los límites y hay que desterrar la tentación de usar las decisiones y los recursos públicos para perpetuarse en el poder con la construcción de redes clientelares», asegura. «Esto implica dos objetivos generales: establecer límites efectivos en el ejercicio del poder ejecutivo y reducir las oportunidades para la corrupción mediante unas administraciones públicas que funcionen con plena profesionalidad, transparencia e imparcialidad». Asimismo, señala que «es necesario que las normas de funcionamiento de los gobiernos y las administraciones sean muy claras y sean bien conocidas por quienes trabajan en las mismas».