Cuando las condenas virtuales dejaron de ser norma


Redacción / La Voz

Sobre el papel, cuando un tribunal dicta una sentencia condenatoria, cuando esta se convierte en firme e inapelable -un proceso que puede durar años-, la pena impuesta es para ser cumplida. Incluso si es de cárcel. Hasta ahora la realidad ha venido siendo notoriamente distinta. Si la condena no era superior a dos años, el condenado no contaba con antecedentes penales y tenía una situación económica demostrable para afrontar el pago de las responsabilidades civiles, siempre y cuando no estuviese catalogado como «peligroso», podía guardar en un cajón la sentencia condenatoria y seguir disfrutando de la vida en libertad, como cualquier ciudadano de bien.

Con esas premisas, ilustres penados como Lola Flores, expresidentes de clubes de futbol de primera división e incluso expresidentes autonómicos, con penas de no más de dos años de cárcel, han pasado a engrosar lo que un ilustre jurista asturiano afincando en Galicia bautizó como «el club de los delincuentes afortunados».

Ese privilegio, regulado en el artículo 88 del Código Penal, según este jurista, hizo que, en muchos casos, el debate procesal penal, especialmente cuando se trataba de delincuentes de guante blanco o alta posición social o económica, se centrase en mantenerse en el umbral de los dos años de condena para convertir esta en virtual. Pero todo apunta a que el club ya no lo tiene tan fácil para incorporar nuevos socios. Las primera víctimas de los nuevos tiempos fueron los dos condenados en el caso Pallerols. Un exdirigente de UDC y un empresario que desviaron fondos públicos al partido y han tenido que ingresar en prisión para cumplir una condena de siete meses.

El expresidente balear Jaume Matas está en prisión con una condena de nueve meses. Josep Lluís Núñez y su hijo, condenados por el caso Hacienda, ya están dentro, después de haber agotado todos los recursos a su alcance para evitarlo y a pesar de que el padre ya pasa de los 80.

¿Qué es lo que ha cambiado, si la norma legal sigue siendo la misma? Los juristas coinciden en que este cambio de criterio responde al eco social de los casos en un momento en que ha estallado la burbuja de la corrupción y la tolerancia de la sociedad ya no es la misma. Lo dejó muy claro el presidente de la Audiencia de Málaga, una de cuyas salas condenó a Pantoja: «La justicia emana del pueblo y el juez debe ser intérprete de esa voluntad popular. Hay que tener en cuenta el sentir de la ciudadanía».

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