Artur Mas ha llevado hasta el final su desafío al Estado, pero con una chapuza sin censo, controlada por voluntarios independentistas
09 nov 2014 . Actualizado a las 10:45 h.Artur Mas consuma hoy su desafío al Estado con el último as que se sacó de la manga para burlar la legalidad, un simulacro de consulta independentista en fraude de ley, sin trascendencia jurídica, pero sí política. Mientras Mariano Rajoy le quitó ayer cualquier importancia, el presidente catalán destacó su gran simbolismo.
Proceso de participación
Una consulta sin garantías. El «proceso participativo ciudadano», la denominación de lo que es en realidad una consulta camuflada, no tiene las mínimas garantías democráticas. No existe un censo de votantes, las mesas no se constituyen por sorteo, sino que están formadas por voluntarios de neta adscripción independentista, y no hay interventores de todos los partidos ni una autoridad electoral que controle el proceso. Pese a que la Generalitat ha dicho que la relación de votantes se destruirá tras la votación, algunos analistas han advertido del peligro de que se confeccionen listas negras de quienes no hayan ido a las urnas, que en el caso de los funcionarios podría acarrearles represalias. Además, el Gobierno catalán no ha respetado el principio de neutralidad institucional, ya que ha hecho propaganda a favor de la consulta, costeada por todos los catalanes, sin que los contrarios a la misma dispusieran de espacio.
Rebaja del tono
La pirueta de Mas y el giro del Gobierno. El Gobierno ha rebajado el tono en estos últimos días, dando a entender que permitiría la consulta si la Generalitat no participaba, es decir si quedaba en manos de las asociaciones soberanistas sin intervención de organismos públicos. Mas también se ha movido con su habitual ambigüedad calculada. En una última pirueta para burlar la legalidad, ha delegado en los voluntarios la «ejecución» del proceso, es decir que serán los encargados de las mesas y la logística, aunque la Generalitat hará el recuento y dará los resultados. Rajoy dijo ayer que el 9-N «no es ni un referendo ni una consulta y no produce efecto alguno». Una frase que podría interpretarse en la dirección de tolerar la votación, ya que esta no sirve para nada.
Pero a la vez la fiscalía catalana, a instancias de la estatal, bajo control del Gobierno, actuaba exigiendo a los Mossos que identifiquen a los responsables del 9-N y los lugares de votación, un paso previo para que un juez pudiera ordenar impedir la votación. Si finalmente Rajoy tolera el simulacro de consulta evitaría el choque frontal y le permitiría argumentar que ha impedido, como prometió, que se celebre un auténtico referendo independentista. Autorizar una intervención policial para cerrar los centros de votación y retirar las urnas dañaría la imagen internacional del Gobierno y alentaría el victimismo de los soberanistas. La actuación de la Fiscalía al última hora crea incertidumbre sobre lo que sucederá hoy.
¿Cómo se medirá?
El objetivo del 33 % del censo. Dado que la inmensa mayoría de los ciudadanos opuestos a la independencia se quedarán en casa, el único dato a valorar será la participación, si es que se vota con cierta normalidad. Aunque no hay censo oficial, la Generalitat lo estima en unos 5,4 millones, según las últimas elecciones, pero a esa cifra hay que añadir los extranjeros con derecho a voto y los jóvenes de 16 y 17 años, que en los demás comicios no pueden participar. La cifra final superaría los seis millones. Si se tiene en cuenta que en las últimas celebraciones de la Diada salieron a las calles más de un millón y medio de personas eso supondría ya un 25 % del censo. En el referendo de Escocia de septiembre votó el 85 %, pero reunía todos los requisitos legales.
El precedente en Cataluña son las consultas soberanistas de ámbito municipal celebradas entre el 2009 y el 2011, en las que participó solo el 18,5 % del censo. Pero tenían un alcance muy limitado. Otro dato a tener en cuenta es que los partidos soberanistas obtuvieron algo menos de 1,8 millones de votos en las autonómicas del 2012, equivalente a un 33 % del censo. Aunque este porcentaje se repita, habría una clara mayoría de dos tercios que no apoyarían la independencia.
La huida hacia adelante
Salvar la cara. Mas se subió definitivamente a la ola del independentismo después de la impresionante manifestación del 11-S del 2012. Creyendo que podía alcanzar la mayoría absoluta y apelando a la «voluntad de un pueblo», adelantó las elecciones y se dio un batacazo, ya que CiU perdió 12 de sus 62 escaños. Pero ni dimitió ni rectificó, sino que, de la mano de su socio Oriol Junqueras, emprendió una huida hacia adelante propia de un funambulista siempre en la cuerda floja, pero que en el último momento se saca un conejo de la chistera. Su invento del proceso participativo no es el referendo de autodeterminación que le exigían los independentistas pero, si se llega a celebrar, le permitiría salvar la cara y decir que ha cumplido el compromiso histórico de que los catalanes se pronuncien sobre la independencia en las urnas.