La complejidad de la red dirigida durante años por el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y su amigo y socio, el empresario David Marjaliza, no tiene parangón en España, según afirman los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil. Se trataba de una verdadera «trama integral», que daba servicios completos de corrupción a los políticos, funcionarios y empresarios, de acuerdo con los documentos en poder ya de la Unidad Central Operativa (UCO). Los informes apuntan hasta una decena de funciones diferentes, mucho más allá del simple pago y cobro de sobornos por una adjudicación, que, por supuesto, también se daba. Además de la clásica gestión de comisiones, Púnica ofrecía a sus clientes: un servicio de conseguidores; mecanismos y empresas para blanquear capitales; influencia completa en todo el proceso de contratación viciado; pelotazos continuados en el tiempo con contratos que ligaban a las administraciones durante lustros a empresas corruptas; un sistema refinadísimo de facturas falsas para ocultar el dinero negro entregado y recibido; una red de testaferros para tapar los negocios turbios; concursos a medida para los empresarios o firmas pantallas para «encubrir los pagos».