La Generalitat, convencida de que no podrán impugnar el 9-N

colpisa

A semana y media para el 9-N, el proceso catalán deja una sensación de que se repiten las posiciones de unos y otros antes de la suspensión de la consulta original por parte del Constitucional. Empezando por el Gobierno central, que si bien hace 15 días recibió la renuncia de Artur Mas al referendo inicial como una noticia «excelente», en estos momentos ultima los trámites para impugnar la votación alternativa. Y la Generalitat vuelve también a su discurso clásico de ambigüedad. Así lo hizo antes de que el Constitucional tumbara la consulta y así lo hará ahora, si al final Mariano Rajoy decide ir a por el sucedáneo de 9-N.

Cuando trataba de celebrar la consulta original, Mas nunca mostró sus cartas y amagó con ignorar el veto del Tribunal Constitucional. Al final no se saltó la legalidad, enterró la consulta suspendida y ahora, con el sucedáneo de votación, regresa a la estrategia anterior. Muestra firmeza, pero sin aclarar si habrá desobediencia o acatamiento, todo con un lenguaje interpretable para no resquebrajar la frágil unidad soberanista. El 9-N «haremos todo lo posible» para que haya urnas, se escabulló ayer el consejero de la Presidencia, Francesc Homs. Sus medidas palabras no eran expresión de una voluntad clara de saltarse el veto del Constitucional, más bien respondían al convencimiento de que el Gobierno no podrá impugnar el proceso por falta de argumentos jurídicos. Según el portavoz de la Generalitat, el nuevo 9-N no es una consulta ni un referendo y por tanto no se puede impugnar una «percepción», ni se puede «prohibir aquello que no se hace».

Homs adujo que el sucedáneo de consulta es un simple proceso participativo para el que el Gobierno catalán tiene competencias y en el que cuenta con la colaboración de voluntarios. «¿Se puede prohibir ser voluntario?, ¿se prohibirá la participación ciudadana? No se puede impugnar todo», afirmó.

Urnas y votos pagados

A la espera de la decisión del Gobierno central, la Generalitat mantiene la hoja de ruta y continúa con los preparativos. Tiene las papeletas y las urnas de la consulta original, ya que pudo encargarlas y pagarlas cuando la votación aún no había sido suspendida. Como con la votación inicial, en caso de veto del Constitucional, el compromiso de Mas es volver a reunir a los partidos soberanistas y al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir para acordar una respuesta común. Y como entonces, Esquerra, Iniciativa y la CUP piden al presidente que, llegado el caso, desobedezca al Constitucional, que no se arrugue y saque las urnas. La situación, no obstante, ha cambiado y una posible suspensión incluso podría beneficiar a Mas, pues Esquerra podría verse más obligada a aceptar la lista unitaria que propone el convergente para las plebiscitarias.

La Generalitat cree que el cambio de postura de la Moncloa busca la ruptura del frente soberanista. «¿Por qué el Gobierno quiere impugnar una cosa que hace unos días era una muy buena noticia?», dijo Homs. «Seguramente porque los partidos pro consulta se han volcado en el nuevo 9-N», respondió. La estrategia del Gobierno, haya o no urnas, puede lograr el efecto contrario y convertir el 9-N en una olla a presión, como las tres últimas Diadas, lo que reforzaría a Mas, que podría enarbolar además la bandera del victimismo.

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